Los vehículos híbridos tampoco se librarán de la prohibición y tan solo los eléctricos puros podrán comercializarse a partir de dicha fecha. A ello se une la prohibición de circular por determinas áreas de los núcleos urbanos de numerosas ciudades españolas.

El proyecto invita a crear zonas de bajas emisiones en los centros urbanos de todas aquellas urbes con más de 50.000 habitantes, y en todos los territorios insulares (Canarias y Baleares).

El texto especifica la obligatoriedad de instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos que pasar de los 22 kW del borrador inicial a los 50 kW (como mínimo) de la actual propuesta. La intención es que los nuevos puntos de recarga que se instalen no se queden obsoletos en un corto periodo de tiempo y que ofrezcan recargas rápidas a los usuarios.

Las estaciones de servicio con `electrolineras´ serán todas aquellas que abastezcan con más de 10 millones de litros (antes era 5 millones), y tendrán un plazo máximo para la instalación de 21 meses a partir de la entrada en vigor de la ley.

Las que abastecen con entre 5 y 10 millones también están obligadas a la implantación de sistemas de recarga, pero el tiempo para su instalación se incrementa en 6 meses hasta los 27 meses de plazo.

Los edificios de nueva construcción también tendrán que adecuarse al nuevo Código Técnico de Edificación que fijará obligaciones específicas relativas a la instalación de puntos de recarga. Una normativa que se extenderá a los edificios ya existentes que deberán actualizarse.

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