“El transporte público absorberá el 30% de la demanda de viajeros”, anticipan desde Pons, el propio Ejecutivo ha fijado en un máximo del 45% de su capacidad los viajeros que pueden transportar. Si como estamos viendo, el 70% de los usuarios se desvían a los vehículos privados en un momento de restricciones a la circulación de este tipo de vehículos, entonces tenemos un problema.

Pero el problema no es tanto de “el vehículo privado”, como de lo que muchos políticos entienden por este tipo de locomoción. Los vehículos privados también son los ciclomotores, motocicletas, bicicletas de pedalada asistida, patinetes eléctricos, y demás vehículos que poco a poco reclaman su espacio en las ciudades ante la falta de visión de los políticos.

Sean privados o compartidos (motosharing), las dos ruedas se abren paso con fuerza en las calles de las ciudades. Desde Pons Seguridad Vial creen que ésta es la solución a la nueva situación creada por la pandemia de COVID 19.

Pero esta toma de las calles debe venir aparejada de mayores garantías para los colectivos de usuarios más vulnerables y marginados por la Administración. Un motorista tiene 17 veces más riesgo de morir en un accidente que un conductor de turismo, esto se debe reflejar en las políticas de movilidad a todos los niveles. Reordenar la infraestructura de la vía, pacificar el tráfico… si vamos a tener un parque más grande, se necesita repensar todo siendo muy imaginativos para reducir el coste a cero.

La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ya ha puesto sobre la mesa que hay que abrir paso a las dos ruedas y ha remitido una carta a la Federación Española de Municipios y Provincias en la que solicita a los Ayuntamientos que potencien la bicicleta como alternativa de transporte limpio, con carriles bici adicionales y corredores ciclistas.

En Madrid ya se propone limitar la velocidad de la M-30 a 50 km/h, lo mismo que en la Ronda Litoral de Barcelona. Una medida que disminuye la mortalidad de los accidentes y permite una convivencia más armoniosa de los diferentes medios de transporte sobre 2 o sobre 4 ruedas. Junto a dicha medida se propone habilitar arcenes con circulación para bicicletas y ciclomotores a 30 km/h. O duplicar el espacio público de aparcamiento para motos y bicicletas.

Aunque son propuestas que no cuentan con el apoyo unánime. Desde la DGT, María Lidón se muestra contraria a reducir la velocidad de la M-30. Una medida complicada y que no soluciona el principal problema, que el centro de las ciudades no está pensado para las dos ruedas. La “multimodalidad” permite que un mismo usuario utilice varios medios de transporte en diferentes momentos y zonas de la ciudad.

En este sentido se aboga por experimentar sin embarcarse en obras faraónicas de difícil digestión para la economía de los Ayuntamientos. Un urbanismo táctico que pruebe con medidas reversibles la mejor opción hacia un futuro incierto.