Fernández demanda una regulación que impida que las empresas implicadas en la trama puedan volver a acceder a contratos públicos. Hasta el momento no hay ninguna ley que impida que vuelvan a realizar negocios futuros con la Administración.

Del mismo modo se mostrarán inflexibles en pedir responsabilidades a los cargos políticos envueltos en la trama. Entre las medidas pide que se suspenda la militancia de los presuntos corruptos pertenecientes al Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE, de las diferentes alcaldías y regiones.

En León se han realizado registros en los ayuntamientos de Astorga, San Andrés y Villaquilambre, por su implicación en la corrupción en torno a los contratos de seguridad vial. Fundamentalmente semáforos o la gestión de multas y notificaciones.

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