En total, la Benemérita ha imputado a siete personas como autoras de sendos delitos de falsedad documental a raíz de la investigación realizada por las anomalías detectadas en un expediente sancionador.

La investigación arrancó cuando la Jefatura Provincial de Tráfico inició un expediente sancionador por carecer de seguro obligatorio. Durante el trámite de identificación del conductor, el titular del vehículo alegó que éste fue entregado en 2010 a un concesionario para la compra de otro nuevo y aportó documentación, que se comprobó que era veraz.

Guardias civiles del sector de Tráfico de Andalucía se encargaron de intentar esclarecer las circunstancias que rodeaban al vehículo y comprobaron que, después del depósito inicial del vehículo en el concesionario, éste había seguido un periplo de adquisiciones y traspasos, al margen de la legislación vigente, en el que se habían formalizado contratos de compra y venta falsos.

Como presuntos responsables, se imputaron a un total de cinco personas por un delito de falsedad documental. En cuanto al actual propietario de 'facto' del vehículo y, por tanto, responsable de la carencia del seguro obligatorio, éste identificó a otra persona, a su vez con un contrato de compra y venta.

La Guardia Civil encontró aspectos extraños e investigó a este individuo, descubriendo que se había visto envuelto en otros seis expedientes sancionadores, en los que presentaba escrito de alegaciones con contratos de compra y venta de los vehículos denunciados en los que identificaba siempre a la misma persona.

Los agentes consiguieron averiguar que el identificado en los expedientes era un indigente conocido del anterior por moverse en la zona de residencia de éste y que, presuntamente, habría sido utilizado como responsable de las diversas infracciones para evitar sanciones.

Por ello, los agentes imputaron a C.D.P.C. como presunto autor de siete delitos de falsedad documental en sendos expedientes sancionadores de tráfico.