La presidenta del comité de trabajadores, María Jesús Calvo, ha considerado como "una practica habitual" de las multinacionales el "lavado de dinero en paraísos fiscales" y la "evasión de impuestos, como el IVA", sin control de las administraciones.

La dirigente sindical ha acusado a los gobiernos de España y de Asturias de "dejar indefensos" a los empleados de la planta de Suzuki de Gijón, cuyo cierre definitivo ha sido anunciado para el próximo 31 de marzo. El comité de empresa inició ayer un encierro en la factoría y ha convocado huelgas un día sí y uno no para mostrar su desacuerdo con la oferta de indemnizaciones que le hizo la dirección.

Los empleados reclaman indemnizaciones de 55 días por año trabajado y una cifra fija de 30.000 euros para toda la plantilla, mientras que la compañía ha propuesto pagar 36 días por año hasta un máximo de 36 mensualidades y 7.000 euros adicionales.

La compañía japonesa mantiene que la factoría de Gijón ha acumulado unas pérdidas de 30 millones de euros en los últimos cuatro años y que ha perdido el 70 por ciento su mercado en Europa.

En principio, el ERE de extinción afectará a 170 de los 200 trabajadores, ya que Suzuki mantendrá su actividad comercial en España, con la distribución de motos de gran cilindrada fabricadas en el sudeste asiático.