Las patronales más representativas del sector (Fenebús, Asintra y Anetra) han mostrado su rechazó frontal a esta medida (de momento es sólo un proyecto de Real Decreto), porque encarece notablemente los servicios de transporte escolar y de líneas regulares y, a cambio, no supone un plus de seguridad en el negocio.
La modificación supondría para los autocares una reducción de la velocidad desde 50 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora en todo tipo de travesías y calles o carreteras urbanas y pasar de 70 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora en el resto de carreteras que no sean autovías, autopistas, convencionales o de alta capacidad. Al mismo tiempo, en las vías convencionales o de alta capacidad se pasa de los 90 kilómetros por hora a los 80 kilómetros por hora.
Además, el borrador de la Dirección General de Tráfico (DGT) no incluye un incremento de velocidad para los autobuses en las autovías y las autopistas de 100 kilómetros por hora a 110 o 120, como ha reclamado repetidamente el sector y como ya se aplica en muchos países europeos. Sin embargo, sí que aumentará el límite de velocidad para los turismos hasta los 130 kilómetros por hora. Para las líneas regulares de largo recorrido aumentar el límite de velocidad hasta 110 kilómetros por hora supone incrementar la rentabilidad del negocio en un 10%.
Golpe a la productividad de un sector fragil
Con este nuevo planteamiento de límites de velocidad, el negocio de los autobuses y autocares considera que se les golpea en la línea de flotación de su productividad. Por ejemplo, en el caso de los transportes escolares la nueva medida es bastante perjudicial en opinión de las patronales del sector. En estos momentos, el tiempo máximo de duración del viaje establecido por la norma específica de transporte escolar es de una hora.
En muchos servicios, los horarios ya están bastante ajustados, por lo que una reducción de la velocidad en carreteras urbanas de 50 kilómetros por hora a 30 supondría automáticamente sobrepasar el tiempo permitido. Además este transporte está aún más penalizado porque la nueva reforma de los límites de velocidad incluye 10 kilómetros por hora menos adicionales en todas las categorías excepto las carreteras urbanas. Ello supone una velocidad máxima de los autobuses escolares de 40 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora y 90 kilómetros por hora respectivamente en las categorías B, C y D.
De esta manera, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tendría que reorganizar muchas rutas escolares que ahora tardan 60 minutos para no vulnerar la normativa actual. La cartera dirigida por José Ignacio Wert es la que se encarga de la contratación de vehículos para el transporte de niños y adolescentes menores de edad.
Independientemente del efecto en el transporte escolar, la nueva medida también afecta al negocio de transporte regular y en muchos casos se tendría que asignar un segundo conductor o afectaría a los tiempos de trabajo del chófer de una línea debido a los límites legales marcados en el tacógrafo. En ambos casos, se traduciría en un sobrecoste para el servicio.
Para Rafael Barbadillo, presidente de Asintra y de la CNTT (Consejo Nacional de Transportes Terrestres), "la nueva normativa va a ser un desastre. Las empresas serán menos competitivas porque se tendrán que hacer horas extraordinarias y no está demostrado que la reducción del límite de velocidad modifique la seguridad vial en el caso del transporte por autobús".
Según el último Anuario Estadístico de la DGT, el pasado ejercicio sólo se registró una víctima mortal en autobuses y autocares y los motivos nada tuvieron que ver con la velocidad. Pero es que en los transportes escolares el dato es demoledor, ya que ni en 2010, ni en 2011 se produjo ninguna víctima mortal.
Con el objetivo de explicarle la situación y el nulo impacto de la medida en la seguridad vial, las grandes patronales del sector han pedido una reunión con la directora general de Tráfico, María Seguí, pero de momento no ha confirmado fecha para recibirles.
Perjuicio para las CCAA
Aunque es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el que contrata los servicios de las empresas de autobús, el transporte escolar es competencia de las Comunidades Autónomas. El sector va a mandar en los próximos días un comunicado a las diferentes consejerías de transporte explicándoles los perjuicios económicos que tendrá la nueva normativa, ya que se verán obligadas a sufragar el incremento de costes de las empresas para poder cubrir los servicios con las nuevas condiciones de límites de velocidad.
Se espera que en pocas semanas se tenga desde el sector una cuantificación del impacto económico que podría tener esta decisión. El transporte escolar es un servicio estratégico en el país, tal como ha reconocido literalmente la DGT. "A diario, medio millón de alumnos utiliza uno de los 17.000 autobuses escolares que realizan servicio de transporte escolar" en España. De hecho, el Observatorio del Transporte de Pasajeros por Carretera cuantifica esta cifra en 280 millones de pasajeros de transporte escolar al año.
A problemas como la subida del combustible o las renovaciones de los concursos se suman ahora los límites de velocidad, una decisión que podría golpear la rentabilidad del sector definitivamente.
El Economista
