La portavoz de Seguridad Vial del PP, Concha Bravo, indicó que este plan supondrá "un paso de gigante" para conseguir un sistema seguro de circulación vial en España y recordó que la velocidad es uno de los factores más determinantes en los accidentes de tráfico.

Asimismo, Bravo señaló que los estudios sobre seguridad vial permiten afirmar, sin la menor duda, que "al aumentar o reducir el límite de velocidad se incrementará o disminuirá la siniestralidad vial, respectivamente".

Por ello, insistió en que el Plan de Gestión de la Velocidad debe contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas y de la sociedad en su conjunto, identificar a los distintos grupos de interés y definir su papel, así como preparar el correspondiente plan de acción y un plan de despliegue con todas las medidas de carácter legal, de formación y planificación necesarias.

Aseguró, igualmente, que este plan ha de informar, influir e involucrar a los conductores, realizar acciones planificadas de ensayo y proyectos piloto y, en un proceso de mejora continua, controlar la implantación y analizar los resultados.

Para la portavoz popular, el plan debe revisar también los límites de velocidad, asegurar el cumplimiento de la normativa, establecer un sistema de sanciones adecuado, con especial énfasis en los infractores reincidentes y llevar a cabo campañas de concienciación e informativas dirigidas a grupos específicos de usuarios.

Finalmente, subrayó, ha de realizar obras de ejecución de las medidas de ingeniería recomendadas para corregir los defectos de las infraestructuras, además de reducir las posibilidades de exceder la velocidad.

Toni Cantó, por parte de UPyD, indicó que todo lo que sea informar adecuadamente le parece positivo, pero se trata de un plan que tiene aspectos en los que habría que profundizar un poco más y que se queda en "una mera declaración de intenciones". Lo que propone su formación es eliminar los "puntos negros" ya detectados. 

El PSOE considera que lo que realmente pretenden los populares con su proposición es que en las autopistas de peaje se pueda ir a más velocidad, en un intento de "rescatar" estas vías y que no sigan perdiendo dinero. "Y no estamos dispuestos a dar un paso atrás en la seguridad vial", advirtió. 

Laia Ortiz, de Izquierda Plural, coincidió en que la velocidad es gestionable, pero rechazó un aumento de la misma porque favorece la contaminación y la factura energética, respondiendo únicamente a intereses económicos que "pagaremos todos, conductores y no conductores". "Nos parece un despropósito", concluyó.

Finalmente, Jordi Jané, de CiU, dijo que es necesario que se realice un plan de gestión de la velocidad y propuso analizar cada vía para ver dónde se producen exactamente los accidentes. "No debemos partir de apriorismos", añadió, para puntualizar que deben estudiarse los límites de velocidad atendiendo a la peligrosidad y a otros detalles, haciendo que sean creíbles en cada caso.