El número de personas adultas condenadas ascendió a 221.063, lo que supone un 0,2 por ciento menos que el año anterior. Pese al ligero descenso, este número de condenas es la tercera más alta de los últimos seis años. Además, los delitos cometidos crecieron un 0,4 por ciento hasta 275.130 casos, lo que representa una tasa de 7,1 delitos por cada mil habitantes. 

Por tipo, los delitos contra la seguridad vial fueron los más numerosos con un porcentaje del 38,7 por ciento. Es más del triple de los delitos de lesiones (12,5 por ciento) y casi cuatro veces más que los robos (10,7 por ciento). No obstante, los datos del INE ponen de manifiesto que los delitos contra la seguridad vial disminuyeron en 2012 un 7,7 por ciento respecto al año anterior. 

Por sexo, los hombres acaparan el 89,1 por ciento de las condenas mientras que las mujeres con una sentencia firme en contra apenas llega al 10,9 por ciento. La edad media de las personas condenadas fue de 35,7 años (35,8 años en los varones y 34,7 en las mujeres). En el caso de los hombres, el mayor porcentaje de condenas se producen entre los 41 y 50 años, mientras que a las mujeres les sucede de los 21 a los 25 años. La mayor parte de los condenados en 2012 fueron de nacionalidad española (74,2 por ciento frente al 72,7 por ciento de 2011). Entre los extranjeros, los de países americanos representaron el mayor porcentaje de condenados (36,3 por ciento). Por regiones españolas, los andaluces sumaron el mayor porcentaje de condenas (20,1 por ciento), seguidos de los catalanes (13,8 por ciento) y los madrileños (12,3 por ciento). 

No obstante, son las comunidades autónomas con mayor población. Si se analiza la tasa de condenados por cada mil habitantes, los datos se dan la vuelta. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron las mayores cifras de condenados (38,82 y 20,94 respectivamente). En cambio, las más bajas fueron Castilla y León (4,42), Aragón (4,72) y País Vasco (4,87). Por penas, el 25,9 por ciento supusieron privación de libertad, el 19,4% fueron penas de multa, el 0,4 por ciento conllevaron la expulsión del territorio nacional y el 54,3 por ciento fueron penas privativas de otros derechos, principalmente inhabilitación especial para el empleo.