La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recordado en un informe publicado recientemente lo que desde hace mucho tiempo es obvio para una buena parte de la sociedad: que las infraestructuras del transporte son pilares básicos para el desarrollo económico. 

En España, el transporte presenta una estructura modal según la cual el 90% de los desplazamientos de viajeros y el 85% de las mercancías se realiza por carretera. 

Sin embargo, el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, los llamados “presupuestos de la recuperación”, no parece atender ni a las consideraciones de la OCDE ni a la realidad de nuestro país. Ni mucho menos ser los presupuestos de la recuperación en lo que al sector viario se refiere.

Así, los recursos totales del Grupo Fomento se ven mermados en algo más de 1.000 millones de euros, y como consecuencia, las inversiones disminuyen en una cantidad similar. 

En este contexto, la partida destinada a carreteras se reduce en más de 800 millones respecto del presente ejercicio (-27%), y pasa a representar el 24% de la inversión total del Grupo Fomento, cuando en 2013 –año ya nefasto para las carreteras españolas- ese porcentaje fue del 30%.

Se ahonda pues en la desigualdad: se invierte menos porque la tarta es más pequeña, pero, además, el porcentaje que, de esa tarta, corresponde a las infraestructuras viarias también se hace más pequeño, en favor siempre del tren de alta velocidad. 

Si bien es cierto que la inversión global en ferrocarriles también se reduce, pasando de 4.705 millones a 4.573 (-2,8%), el porcentaje que este modo representa en el conjunto de las cuentas del Grupo Fomento crece del 47% del presente año al 51% de 2014.

Del total destinado a este modo de transporte, el 70%, es decir, 3.194 millones de euros, va a parar a la alta velocidad.

Ante estas cifras, Diaz Pineda asegura que estamos ante “unos presupuestos en los que no se adivina el modelo de crecimiento del que tanto habla el Gobierno, unos presupuestos que anteponen lo urgente a lo importante, y eso casi siempre es negativo. Y en los que, además, eso que es importante, invariablemente, acaba llevando a la marca AVE”.

Que no hay dinero parece evidente, pero lo que no resulta tan claro es el criterio utilizado para su distribución, que nada tiene que ver con el peso específico de cada modo en el conjunto de la movilidad –y la economía- del país. 

Los 2.153 millones de euros que se van a invertir en carreteras, en el modo de transporte más importante del país, hacen imposible cualquier política de gestión viaria mínimamente coherente y eficaz. 

En cuanto a la partida destinada a la conservación, 818 millones, sólo se puede decir que resulta a todas luces insuficiente y ridícula para contener el exponencial deterioro de la ya dañada red viaria a cargo del Ministerio Fomento.

El resultado, en palabras de Díaz Pineda, es que “en breve sólo tendremos el recuerdo de que nuestra red viaria fue una de las mejores de Europa, y el mal sabor de boca al pensar que sus responsables directos fueron incapaces de mantenerla en un umbral de servicio mínimamente aceptable para el ciudadano”.

AEC