El Tribunal Supremo continuará el miércoles con la deliberación iniciada este martes sobre el recurso contra el indulto que el Gobierno concedió a un conductor 'kamikaze' condenado a 13 años de prisión por circular en sentido contrario en la AP-7, en Valencia, y causar la muerte de un joven en un accidente de tráfico.
La familia del joven fallecido ha dicho que tiene "todas sus esperanzas" en el Supremo, pero que no descarta acudir al Tribunal de Derechos Humanos si su recurso no prospera. El pleno de la sala tercera del alto tribunal ha finalizado su sesión pasadas las cinco y media de la tarde y continuará con la deliberación este miércoles a partir de las cuatro y media de la tarde, dado que por la mañana tiene otros asuntos que dirimir, según fuentes jurídicas. El recurso contra el indulto, presentado por la familia de la víctima, se está estudiando a puerta cerrada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal.
En diciembre de 2012 el Gobierno indultó al conductor, que causó un accidente mortal al circular en sentido contrario en la autopista AP-7 en Polinyà del Xúquer y que quedó en libertad tras pagar una multa de 4.000 euros. La familia de José Alfredo Dolz, el joven que murió en el accidente acaecido en 2003, recurrió ante el Supremo el indulto y señaló, en palabras de su abogado, que "el Gobierno tiene una oportunidad de rectificar" cuando deba pronunciarse el abogado del Estado a favor o en contra del recurso. Aunque el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió la medida, el de Interior, Jorge Fernández Díaz, señaló que "en el futuro habrá que estar más atentos" antes de acordar indultos como éste.
El indulto del conductor fue polémico, no solo por las discrepancias en el Gobierno, sino también porque uno de los hijos del ministro de Justicia trabaja en el bufete que defendía al 'kamikaze'. La familia tiene "todas sus esperanzas" en el Supremo La familia del joven fallecido en 2003 ha subrayado que tiene depositadas "todas sus esperanzas" en los magistrados del Supremo y espera que tengan en cuenta la "alarma social" que originó el indulto. La familia señala que el Gobierno resuelve la motivación del indulto "en apenas tres líneas" y "aplicando una ley preconstitucional" Según la hermana de la víctima, la medida de gracia concedida por el Gobierno "va en contra del sentido común" y contradice las campañas de seguridad vial al perdonar una pena de trece años a "conductores homicidas". Dolz ha afirmado que "siempre" ha confiado en la Justicia, que ya falló con una sentencia "ejemplar" contra el conductor homicida, y piensa que "esta vez también van a tomarse en serio su trabajo y van a tomar la decisión más oportuna".
El abogado de la familia, Agustín Ferrer, ha explicado que la resolución "puede tardar más tiempo" y no ser inmediata. Según ha argumentado, la familia pide la "nulidad" del indulto, y defiende que es "perfectamente legal" y que el Tribunal Supremo "tiene base para poder hacerlo". "Entendemos que el Supremo está en un momento en el que quizá pueda cambiar una doctrina que ha mantenido hasta el momento", ha añadido. Asimismo, alega "falta de motivación" para justificar el indulto, que asegura el Gobierno resuelve "en apenas tres líneas" y denuncia que se está aplicando una ley "preconstitucional". Justicia explicó que la medida de gracia se adoptó al tener en cuenta el informe favorable de la prisión y los condicionantes "médicos y personales" del condenado. Los informes del Centro Penitenciario de Alicante reflejaban factores de adaptación como el ingreso voluntario en prisión, el abono íntegro de las responsabilidades civiles a los perjudicados, la buena conducta penitenciaria, el apoyo familiar, la cualificación laboral, la ausencia de adicciones, entre otros factores, así como las muestras inequívocas de arrepentimiento y la participación activa en programas de tratamiento.
Las fuentes consultadas señalaron en su día que el fin reeducador y de reinserción social que deben tener las penas de prisión implican un fin humanitario del sistema punitivo que, dicen, debe evitar el ingreso en prisión, si ello es posible, de las personas rehabilitadas. En este caso, argumentaron que se trata de una persona rehabilitada. El letrado de la familia lamenta además que la medida de gracia "se ha tomado en contra de todos los informes", como los de la Audiencia Provincial de Valencia y de la Fiscalía. Recuerda asimismo un caso reciente, el del consejero delegado del Banco Santander, en el que según Ferrer, el Tribunal Supremo anuló la resolución del Consejo de Ministros porque entendía que había un "exceso de competencia". En el caso de que el recurso no prospere en el Tribunal Supremo, ha precisado, la vía judicial en España estaría cerrada y tendrían que plantearse "cuestiones fuera del territorio nacional, como el Tribunal de Derechos Humanos".
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