El Congreso ha dado hoy luz verde a la reforma de la Ley de Tráfico. El nuevo texto permitirá subir a 130 kilómetros por hora la velocidad máxima en algunos tramos de autovías y autopistas, y duplicará la multa hasta los 1.000 euros por conducir con tasas de alcohol y drogas superiores a lo permitido.

El Minsitro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido ante el Pleno de la Cámara el texto, asegurando que el objetivo prioritario de la reforma de la Ley de Tráfico es reducir la siniestralidad y lograr una movilidad "más ecológica, más competitiva, más saludable, más universal y más segura".

Fernández Díaz ha expresado su deseo de consensuar todo lo posible la ley aunque ha encontrado la oposición de la Izquierda Plural, para quien el proyecto no favorece una movilidad sostenible y está pensado para "el lobby del automóvil".

Tras el debate, el ministro ha dicho a los periodistas que "sin renunciar" al principio de que el casco en vía urbana ha de ser obligatorio para los menores (el texto fija la edad de 18 años), "no parece que sea un cuestión esencial" ese límite. Es decir, si con una modificación de ese punto se consigue un amplio acuerdo, el ministro no se va a oponer a reducir ese límite.

La reforma de la Ley de Tráfico mantiene el límite máximo de velocidad a 120 kilómetros por hora, pero posibilitará la subida a 130 en algunos tramos de autovías y autopistas y en determinadas circunstancias.

Estos cambios no se implantarán hasta que se incluyan en el nuevo Reglamento de Circulación, previsiblemente en marzo, al igual que la reducción de los límites en vías secundarias y en calles de las ciudades.

Además, la nueva Ley de Tráfico duplicará la multa por consumo de alcohol y drogas al volante hasta los 1.000 euros, medida esta última que entrará en vigor cuando se apruebe la norma a final de año.

Los detectores de radar estarán prohibidos y serán multados con 200 euros y tres puntos del carné, según el texto, que regula también los sistemas de retención infantil, que pasan de un sistema de edad a uno de talla, con una previsión de 135 centímetros, salvo excepciones.
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En general, la medida que más controversia ha suscitado ha sido la referente a la edad legal para imponer la obligatoriedad del casco. De hecho, algunos grupos han anunciado que presentarán enmiendas ala reforma de la Ley de Tráfico.