El defensor del pueblo andaluz, Jesús Maetzu, se hace eco así de un debate existente en la ciudadanía sobre la finalidad última de las multas de tráfico y concluye que, además de reprimir las conductas infractoras, se debe realizar una labor de prevención que implique actuaciones sobre las infraestructuras y la reeducación a los sancionados.

Los Ayuntamientos deben asumir el compromiso de destinar el importe obtenido a través de las sanciones a fines que guarden una íntima conexión con el fomento de la seguridad vial.

El texto de la oficina del Defensor del Pueblo considera prioritario la financiación de actividades relacionadas con la formación en educación vial. Para ello, ha planteado a estos Ayuntamientos que “sus planes asuman este compromiso y lo recojan, como tal, en las ordenanzas de tráfico que, en su caso, estén aprobadas por los municipios o se encuentren en tramitación, sin perjuicio de su lógico reflejo en el presupuesto municipal”.

Aplicando de esta medida “se evitará cualquier sospecha, fundada o no, de utilización de las sanciones económicas con una finalidad recaudatoria, se reforzará la financiación de las medidas mencionadas y se legitimará, aún más si cabe, la labor de los agentes encargados de velar por la seguridad y la ordenación del tráfico”. “Creemos que se trata de una medida ponderada y coherente con los fines de la propia Ley de Seguridad Vial y de respeto con la actuación de los agentes que vigilan la ordenación y regulación del tráfico”, concluye Jesús Maetzu.