Con el fin de defraudar a hacienda “parte del dinero negro de las taquillas era sacado del circuito en bolsas de basura”. Se estima que el dinero defraudado asciende a varios millones de euros. Los propios empleados lo calificaron de la “caja de Pandora”, un modelo de gestión corrompido y presuntamente delictivo.

Los expertos en delitos fiscales de la Udyco (Cuerpo Nacional de Policía) consiguieron que empleados de la empresa gestora del trazado, Gestión Circuito de Jerez (GCJ) declararan sin ambages que dichas prácticas eran “algo normal". Así lo apuntan fuentes cercanas a la investigación. La labor policial así como los controles llevados a cabo por un veterano inspector de la Agencia Tributaria comenzaron a tomar forma, tras largo tiempo de pesquisas, a finales del año pasado, cuando se tuvo la sospecha de que en la gestión del trazado había doble contabilidad e incluso un doble taco de entradas. 

El dinero que presuntamente se sacaba de las taquillas para escamotearlo al control del Fisco iba a parar a las oficinas controladas por Gestión Circuito de Jerez (GCJ), que fuera gestora de los beneficios del trazado entre 1996 y 2011. Los testigos aseguran que cantidades enormes de dinero eran sacadas en bolsas de basura y entregadas a los responsables. Dicho dinero se almacenaba posteriormente en cajas de seguridad en entidades bancarias del centro de la ciudad.

En las inspecciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria y la Udyco permitió encontrar diversos bienes tales como un barco de recreo, o un inmueble de Chiclana. El administrador único de GCJ es José Ramón García, ex director a la vez del circuito en su día; y el apoderado es Carmelo Ezpeleta (Director Ejecutivo de Dorna, la propietaria del Mundial de Motociclismo). 

El principal fin de los investigadores radica ahora en conocer quiénes se beneficiaban del reparto de dinero, así como conocer la cifra a la que asciende el presunto delito fiscal. El 'modus operandi' consistía en desinflar el número de asistentes a la concurrida 'pelousse' del trazado, donde se presume que varios miles de ellos podrían haber bailado una vez desviado el importe de las entradas. Si se tiene en cuenta que en 2010 las entradas de la 'pelousse' costaban 45 euros y el año pasado 55, se deduce que el presunto desfase habría sido millonario. 

Los investigadores en la actualidad cotejan los datos año a año para averiguar a cuánto asciende el presunto fraude. Saber a quién alquilaba las instalaciones GCJ, durante cuánto tiempo y a cambio de qué cantidad era un misterio para Ayuntamiento y Junta, propietarios a través de Cirjesa, ya que Gestión únicamente rendía cuentas pagando un canon casi irrisorio de 600.000 euros al año. A cambio, recaudaba beneficios de explotación, publicidad estática... Y por su parte, Cirjesa corría con los gastos de mantenimiento, obras sin fin y por supuesto el canon del Mundial de Motos, de 5 millones de euros.