El Informe del Consejo de Estado se muestra contrario a la definición de 'usuarios de la vía' que realiza la DGT en su texto. Un concepto ampliado que puede abarcar a conductores de vehículos y peatones, obligando a éstos a realizar pruebas de alcohol y drogas cuando se hallen implicados en un accidente o cometan una infracción.

A su juicio, esta conclusión es “insostenible”, pues los derechos de libertad y seguridad a circular libremente por el territorio nacional y a la intimidad personal de la Constitución, se vería dañado “por el simple hecho de que pasear por las vías se sometiera a estas restricciones”.

En este motivo alega que, de llevarse a cabo la reforma tal y como está escrita “los españoles habrían de abstenerse de participar en fiestas populares o de asistir a bodas y celebraciones en las que se consume habitualmente alcohol, ya que podrían verse sometidos a un control de alcoholemia si, en las inmediaciones, un vehículo sufre un accidente”.

Además la norma propuesta por la DGT pretende introducir un límite de velocidad máxima a los peatones mediante el texto: “Los vehículos en los que su conductor circule a pie no sobrepasarán la velocidad del paso humano” lo que, para el Consejo de Estado supondría “la prohibición de correr, un deporte extendido en estos tiempos”.

Además, apunta en el informe que “quien circula a pie es peatón, de manera que mal puede ser un conductor, pero en todo caso quien circula a pie siempre se mueve a velocidad de su propio paso”. “Colapso” en las ciudades ante la reducción de velocidad.

LÍMITES DE VELOCIDAD PARA PEATONES

Continuando con los límites de velocidad, el Consejo de Estado señala que no se ha tenido en cuenta por la DGT los gastos derivados de la nueva señalización para las ciudades y carreteras nacionales. Indicando además, que no aprecia relación entre las cifras de siniestralidad y la velocidad de las vías que se pretende reducir.

En cuanto a la reducción de velocidad en zonas urbanas, el Consejo de Estado se muestra contrario a su aprobación porque “invade las competencias de las Entidades Locales” y apunta que, de llevarse a cabo esta norma, será “objeto de una inmediata impugnación por parte de los ayuntamientos”. Además, éstos han mostrado su oposición a la misma, al considerar que podría “colapsar” la circulación de muchas ciudades.

Entre las principales razones por las que el organismo no aconseja a la DGT modificar los límites de velocidad es “porque la ciudadanía no los ha demandado”, así como que el paso de 100km/h a 90km/h en carreteras convencionales y de 90km/h a 70 o incluso 50km/h en la red secundaria “ralentizará necesariamente todos los desplazamientos en España”.

LÍMITE MÁXIMO 130KM/H

A su vez que dudan de la efectividad o idoneidad de las medidas de reducción de velocidad, también se pone en tela de juicio la necesidad de aumentar el límite máximo a 130 km/h en circunstancias especiales que se puedan señalizar mediante paneles luminosos. En concreto, el Consejo de Estado cuestiona “las posibilidades que tienen los conductores para probar que cuando circulaban a 130km/h en autopista lo hacían en cumplimiento de la norma fijada en un panel”.

Esta medida a su juicio “supone una disminución de la conciencia del riesgo por parte de los conductores”, según recoge el informe del Consejo de Estado.

LÍMITE DE VELOCIDAD PARA CICLISTAS

Finalmente se denomina como “notablemente imprecisa” la normativa hacia los ciclistas, con situaciones que califica de “absurdas”, como por ejemplo, fijar límites de velocidad para estos vehículos, cuando la mayoría no poseen medidores.

CASCO PARA CICLOMOTOR HOMOLOGADO

En relación a la obligación de los conductores de ciclomotor de llevar un casco homologado. El Consejo de Estado no duda que la inversión de estos conductores en los cascos sea beneficioso a cambio de la seguridad que reciben, pero critica que en el texto se contabilicen los gastos señalando que el equipamiento cuesta 20 euros en el mercado, cuando su precio oscila entre los 70 y los 900 €.

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