La Dirección General de la Guardia Civil ha aprobado una nueva instrucción de tráfico por la que aquellos agentes que no lleguen a un mínimo de denuncias, serán castigados con la retirada del complemento de Seguridad Vial, es decir, les será reducido el sueldo en 143 € mensuales.

Según la asociación Unión de Guardias Civiles (UCC) y el sindicato de la Guardia Civil UniónGC, dentro de ese complemento, importa poco el número y calidad de auxilios en carretera que haya hecho el agente, tampoco importa las medidas de prevención que haya adoptado para evitar accidentes o incluso para que los ciudadanos eviten situaciones de riesgo y en consecuencia, eviten multas. Para la Dirección General lo que más cuenta son las multas de tráfico, es decir, cuánto más recauda cada agente.

En mis cortas luces se me ha ocurrido pensar en un articulillo del código penal, concretamente el 404, que viene a decir “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.”.

Y digo yo, una instrucción que exige un mínimo de denuncias, sin saber si el agente en cuestión va a detectar ciudadanos que cometan infracciones ¿no es injusto?.

El director general de la Guardia Civil, señor Fernández de Mesa, siendo diplomado en “Altos Estudios Militares” y en “Altos Estudios de la Defensa”, profesor de Ciencias Políticas y Administrativa Comparada en el Instituto Internacional de Ciencias Políticas de la Cátedra UNESCO y no se cuantas cosas más, ¿no sabe que obligar a un funcionario a multar o al menos incitarlo a hacerlo, haya motivo o no, puede ser injusto? ¿no cree este señor que promover la multa en detrimento del auxilio al ciudadano, puede no resultar muy ético, ni leal hacia los ciudadanos que sostienen la Administración de la que vive?

No quiera ver en mis palabras el señor Fernández de Mesa, ni ninguno de sus compañeros de carrera política, una acusación de prevaricación, no lo es, son solo preguntas que un humilde ciudadano se hace ante lo que, desde la simpleza del pensamiento de base, cree que los funcionarios públicos están para servir más que para perseguir.

Y ya que hablamos de función pública, me viene otra pregunta irreverente ¿no debería la fiscalía investigar la legalidad o no de una instrucción como esta?. A no perdón, se me olvidaba que los fiscales deben obediencia jerárquica a sus jefes y que el jefe de todos los fiscales es elegido por los políticos.

Entonces solo nos queda la esperanza de que un juez valiente, antes de que les quiten la función de la instrucción de los procedimientos y se la den a los fiscales, se tire al ruedo e investigue el caso, porque no se si una instrucción así será o no delito, pero desde mi punto de vista, es injusta, es inmoral y al menos merece una investigación sobre su legalidad.

Juan Manuel Reyes
Presidente
Asociación Mutua Motera