Así, una vez aprobada la nueva Ley, se impondrán las auditorías de seguridad vial en la fase de planificación y construcción previa a la puesta en servicio de una nueva carretera. Y además, Fomento podrá ordenar la retirada de publicidad que afecte a la seguridad viaria o la explotación de la vía.

La seguridad vial también se verá favorecida por la implantación de nuevas tecnologías que ayudarán a los conductores a conocer el estado de las infraestructuras y del tráfico en tiempo real a través de paneles, y mediante dispositivos de trasmisión de información entre los centros de gestión del tráfico y los vehículos. De hecho ya hay en funcionamiento un tramo de 60 kilómetros en el que se está llevando a cabo un proyecto piloto de implantación.

Además el anteproyecto establece la necesidad de crear áreas de servicio y descanso seguras para los conductores de los camiones y sus mercancías. Estas áreas de servicio se abrirán al sector privado tanto para su construcción como para la explotación, de forma que se permitirá a cualquier promotor y no solo al Ministerio promover una de estas instalaciones.

La evaluación del impacto ambiental y el impedir la recalificación de los terrenos durante la planificación de una nueva vía, también estarán entre sus prioridades, afirma Ana Pastor tras el último Consejo de Ministros.

Además de poner coto a la especulación de los terrenos, se fomentará la iniciativa privada para financiar las carreteras, con estudios sobre la posibilidad de recurrir a la misma en todos los casos que sea posible, dejando la financiación gubernamental para los descartes.

El nuevo Anteproyecto de Ley también contempla el incremento de sanciones hasta un máximo de 15.000 euros en el régimen sancionador de las autopistas de peaje ante incumplimientos del concesionario. La cuantía de las sanciones quedarán así fijadas en una horquilla entre los 300 € y los 15.000 €, con el fin de un cumplimento más eficaz de las obligaciones.

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