La reparación y preparación de motocicletas por parte del taller ilegal se realizaba en una nave situada en la ciudad. El responsable del taller ha sido acusado por cometer numerosas infracciones graves, entre las que se cuentan: la ausencia de seguridad social de los trabajadores, evasión de impuesto, incumplimiento de la legislación en materia industrial y medio ambiental, etc.

Además las motos `customizadas´ sufrían importantes reformas que solo podían ser autorizadas previo paso por la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Para documentar las modificaciones y legalizarlas se recurría a los certificados de reparación emitidos por otro taller legal que no se dedicaba a la preparación de motocicletas, por lo que también se investiga a su dueño como presunto cómplice de la estafa.

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