El ajuste al nuevo reglamento de emisiones supondrá entre 100 y 200 euros adicionales sobre el precio de la moto, mientras que la frenada combinada añadirá otros 100 – 150 euros más. Pero la peor parte se la llevarán los modelos que tengan que incorporar el ABS como equipamiento de serie, en este caso el sobrecoste ascenderá a entre 300 y 500 euros. En la actualidad el 46% de las ventas cuentan con ABS.

Aunque hasta 2017 todavía se podrán vender modelos bajo regulación Euro3, la nueva normativa es mucho más estricta y severa lo que ha puesto las cosas difíciles a los fabricantes. Especialmente cuando llegue la temida Euro5 prevista para 2020. La idea es que al final coches y motos se emparejen en cuanto a la normativa anticontaminación. Esto supone un esfuerzo extra para los fabricantes de motocicletas pues su potencial económico y tecnológico no son equivalentes.

Una dificultad añadida es que las pruebas de homologación para conseguir la Euro 4 incluyen la simulación de un ciclo real de conducción según categoría establecido por el World Motorcycle Test Cycle (WMTC), que sustituye al obsoleto e impreciso ciclo europeo de mediciones que aplicaba a las motos la misma simulación que a los coches a pesar de la clara diferencia de cilindrada.

Así las cosas, las motos comercializadas a partir del 1 de enero de 2016 homologadas bajo norma Euro 4, deben contar con una rebaja en los gases contaminantes del 56% para el caso del monóxido de carbono y de hidrocarburos expulsados por el escape del 50%.

Las pruebas que se realizan en los laboratorios del INTA, verifican las emisiones de CO2 al ralentí, las emisiones 0 de gases del cárter, la evaporación de gases de hidrocarburos a vehículo parado, la durabilidad y calidad de los catalizadores, la emisión a bajas temperaturas (que no se exige en motocicletas ya que se realiza a -7 grados centígrados), el registro de CO2 mas el consumo de combustible y, para finalizar, el ensayo de OBD del sistema de diagnóstico de abordo, ahora también obligatorio.