Desde que entró en vigor el carnet por puntos en julio de 2006 han pasado por las aulas de determinadas autoescuelas y centros de formación unos 200.000 conductores para la realización de cursos de sensibilización y reeducación vial: 3.951 en 2007; 18.316 en 2008; 44.544 en 2009; unos 62.314 en 2010 y en torno a 70.000 en 2011, según las últimas estimaciones del sector.

Dichos cursos son obligatorios para aquellos que han perdido todos los puntos de su carnet de conducir y también para aquellos a los que un juez les ha condenado con la privación de su permiso, si quieren volver a obtener su derecho a conducir.

De forma voluntaria los pueden realizar todos aquellos automovilistas que quieran recuperar puntos perdidos hasta un máximo de 6, si asisten a un curso cada dos años o en caso de conductores profesionales uno cada año.

El volumen de negocio facturado hasta ahora ha superado los cincuenta millones de euros y el coste de los cursos ha sido sufragado íntegramente por los consumidores, que han pagado la tarifa exigida por los centros a los que Tráfico otorgó una concesión en régimen de monopolio, en contra de la opinión de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

En este momento, de las más de 4.000 autoescuelas que existen en nuestro país, sólo 238 centros imparten cursos de reeducación vial: 35 dependen del Servei Catalá de Tránsit; 14 del Gobierno Vasco y 189 de la DGT.

Sin embargo, la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha detectado que desde el 2010 se ha producido un redondeo ilegal al alza en la actualización de las tarifas y se están cobrando demasías de entre 3 y 7 euros por alumno, excepto en Canarias que es en la única comunidad autónoma donde se vienen aplicando correctamente las tarifas.

¿Cuál es la tarifa correcta que debe pagar el automovilista?

La normativa que regula los cursos de sensibilización y reeducación vial (ORDEN INT/2596/2005, de 28 de julio) establece que el coste de los cursos correrá a cargo del interesado y que “El pliego de prescripciones técnicas del contrato de concesión por el que se adjudiquen los Centros que impartirán los cursos determinará el precio máximo de éstos y su actualización periódica”.

Por eso la principal dificultad que tiene el consumidor para saber cúal es la tarifa que está obligado a pagar cada año es que ésta -y sus actualizaciones posteriores- se contienen en un documento que no es de acceso público.

No obstante, AEA ha tenido acceso a ellos y ha podido comprobar que “no sólo se ha pervertido el sistema de precio máximo convirtiéndolo en un sistema de precio único -con el consiguiente perjuicio para los derechos de los consumidores ante la ausencia de competencia- sino que además se ha producido un redondeo ilegal en la actualización de las tarifas desde el año 2010”.

Así, Tráfico fijó en los contratos de concesión una tarifa para el año 2006 de 170 €, para los cursos de recuperación parcial y de 320 €, para los cursos de recuperación del permiso. Tarifas que se actualizarían anualmente de manera automática en el mes de enero, de acuerdo con el IPC general interanual correspondiente al mes de noviembre del año anterior.

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