"Estamos buscando alternativas para que el Estado no asuma la responsabilidad patrimonial de las vías y que vaya a déficit", ha explicado Pastor en declaraciones a 'Los Desayunos de TVE' esta mañana.
La ministra explicó que si alguna de las autopistas en problemas quiebra, según lo establecido en los contratos por los que se dieron en concesión, el Estado tendría que asumir la denominada responsabilidad patrimonial, esto es, se quedaría con la infraestructura y pagaría un importe por ella. Y este importe "podría ir al déficit público", recordó la ministra.
"Por ello, estamos trabajando en las alternativas con que contamos para que el Estado no tenga que asumir esta responsabilidad", indicó. "Estamos trabajando con el Ministro de Hacienda y con la Intervención General de la Administración del Estado para ver cómo encajamos este problema", detalló Pastor.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA DE AUTOPISTAS
La sociedad pública de autopistas tendrá que hacerse cargo de las cuatro radiales de Madrid, a la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas, vías de peaje que en su práctica mayoría están en concurso.
Según fuentes del sector, la solución diseñada por Fomento pasa por constituir una sociedad pública de autopistas que integraría a las vías de peaje en problemas en la que el estado controlaría el 80% de esta sociedad y el 20% restante se repartiría entre las concesionarias actualmente titulares de las vías, en su mayor parte controladas por grandes constructoras cotizadas.
Fomento cuenta ya con el visto bueno a esta solución de los bancos acreedores de las vías, que suman una deuda de unos 3.500 millones de euros, según las mismas fuentes. Hasta el momento, solo una de las concesionarias en problemas rechaza formar parte de la empresa pública.
La ministra reiteró que el origen del problema de estas autopistas está en el "desplome" de sus tráficos respecto a los inicialmente previstos y el sobrecoste que registraron en el precio de las expropiaciones. En este sentido, Pastor denunció que hasta que su equipo no llegó al Ministerio "no se recurrieron las sentencias de los tribunales que avalaban los precios de esas expropiaciones".
Fuente: El Economista
