Los especialistas en ingeniería de carreteras esperaban que el ministerio fijara el programa formativo mínimo y convocara las pruebas de acceso para la obtención de la certificación como auditor de seguridad vial. Contrariamente, el ministerio aprobó en 2012 un programa de formación adjudicándose en exclusiva la formación correspondiente, como paso previo necesario para poder presentarse a las pruebas de aptitud, privándose la posibilidad de acceder libremente a dichas pruebas.

En España hay muchos técnicos de carreteras que ya disponen de una elevada cualificación en matria de seguridad vial. De hecho, en los últimos años se han desarrollado diversas acciones formativas específicas, tanto desde algunas universidades como desde la Asociación Española de la Carretera. En este último caso, más de 300 técnicos han superado el curso de formación de auditores de seguridad vial.

Obviando este activo humano, el ministerio ha desarrollado en exclusiva el primer curso de formación de auditores de seguridad vial para un exclusivo club de 40 admitidos, a través del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que es un organismo adscrito, y acaba de convocar el segundo curso en las mismas condiciones. Las tasas de matrícula aplicadas (400 €/crédito en el módulo básico de 30 horas lectivas) son muy superiores a las universitarias equivalentes, que son las de máster oficial. Esto no sólo supone una usurpación de la libertad de formación, sino un abuso de posición dominante, superando los precios públicos razonables. No es admisible una exclusividad pública a un precio que supera el de los ámbitos formativos privados.

Para permitir un reducción de precios y un libre acceso al mercado laboral habría que exigir a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento que establezca públicamente cuales son los requisitos formativos y sus competencias, para convocar públicamente las correspondientes pruebas de aptitud y que los interesado elijan el centro de formación que deseen. En su formato actual los nuevos profesionales parecen tener una estrecha relación con la Dirección General de Carreteras a la que tienen que auditar. 

Fuente: Levante