Siempre bajo la premisa de la aplicación de la ley administrativa y penal, Bartolomé Vargas reiteró su apuesta por estos valores durante la celebración esta semana, en Tenerife, de las IV Jornadas Técnicas sobre Movilidad y Seguridad Vial, que, organizadas por Canariasvial, que en esta edición versó sobre la "Criminología vial".

La nueva ley ha endurecido la pena por conducción bajo los efectos de las drogas, con sanciones de hasta 1.000 euros cuando se detecta la droga. Y aclara, “no es preciso probar la influencia de la misma en la conducción es suficiente con la presencia de drogas. Se ha incrementado la cuantía porque es una infracción muy grave, pues las drogas afectan especialmente a las facultades visuales del conductor y puede resultar letal en la conducción. Tras la sanción administrativa se analiza caso por caso para ver si procede entrar en la vía penal. Cuando se remite un atestado con indicios penales, este es analizado para ver cuándo debe ejercerse la acusación penal en función de las pruebas y los análisis correspondientes.”

Bartolomé Vargas defendió la reforma de la ley de tráfico, indicando que incluye mejoras técnicas que son reveladoras de que los legisladores de nuestro país se preocupan por la seguridad vial. Para Vargas no es correcto que haya un afán recaudatorio en su reforma. La recaudación al final es una sanción que se impone por no cumplir la ley y está dirigida a proteger a todos los ciudadanos. 

“Si el radar detecta una conducta sancionable, que es de riesgo, significa que el radar ha funcionado. La colocación de los radares obedece a una estrategia, a unos conocimientos probabilísticos, estadísticos de ocurrencia de accidentes. La administración puede acertar o no, pero actúa en con esos criterios. Lo ocurre es que indirectamente se produce un ingreso en las arcas del Estado, pero es un dinero que va a un fin público, que es la seguridad vial, y es producto de una acción que pone en riesgo a todos. Quizás cuando se habla del afán recaudatorio puede haber una falta de conciencia sobre el valor de la seguridad vial. En otros países, donde está más asentada la Ley de Seguridad Vial, no se habla de interés recaudatorio, sino de que han sorprendido a esa persona vulnerando la norma.”

¿Han descendido los delitos de tráfico con la crisis?

“Es muy difícil analizar todos los factores que pueden influir en esto porque hay una ciencia que es la estadística que es muy compleja y no es fácil dar conclusiones de cuál es la incidencia de cada uno de los factores sociales. El número de delitos es difícil de precisar, solo podemos medir el número de actuaciones y la eficacia de las normas y quienes velan por ella. En este sentido, hemos detectado una estabilidad en general en lo que se detecta, porque el funcionamiento de las policías de tráfico es eficaz y regular con los medios que tienen. En España se registran 90.000 condenas penales anuales por delitos contra la seguridad vial. Es un número muy alto si lo comparamos con Europa, y la mayoría son por conformidad y con ejecución inmediata. Tratamos que no haya impunidad ni sentimiento de la misma.”