Declaración de Cancún:

"Motivados por un profundo compromiso para mejorar la seguridad vial en la región de América Latina, el Caribe, España y Portugal, a la mitad del camino iniciado con el lanzamiento del Decenio de Acción por la Seguridad Vial en el año 2010 y en el afán de contar con un espacio para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como de favorecer una reflexión sobre los obstáculos y retos inmediatos a vencer para avanzar en el cumplimiento de la meta de reducción de víctimas de accidentes en un 50% en 2020.

Aun reconociendo que se han producido avances en materia de seguridad vial en la Región desde el III Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial celebrado en Bogotá en 2012 en diversos ámbitos, destacando una mayor sensibilidad social y política ante esta realidad y la inclusión de la seguridad vial en las políticas gubernamentales;

Entendemos que los cambios y mejoras acometidos no son suficientes para hacer frente a los ambiciosos retos establecidos y, a tenor de las cifras de siniestralidad actuales, los niveles de seguridad vial no alcanzan los estándares deseables para la mitad del Decenio y se puede predecir un fracaso por contener la epidemia que representan los fallecidos, lesionados y discapacitados como consecuencia del tránsito; los esfuerzos, por tanto, deben incrementarse de manera significativa y sostenible en el tiempo;

Por todo ello, Reclamamos un nuevo impulso al tratamiento de la seguridad vial, con el objetivo de promover un cambio de ritmo que permita alcanzar las metas establecidas; cambio de ritmo que pasa por una implicación política, labor de liderazgo y coordinación, asignación de recursos humanos y económicos, redefinición de prioridades y recopilación, difusión y aplicación de buenas prácticas en materia de seguridad vial. 

Para ello, como aporte estratégico de la Declaración de Cancún, definimos la siguiente

HOJA DE RUTA

• Consideramos INAPLAZABLE:

1. - La declaración de la seguridad vial como una política de Estado. 
2. - La promulgación de una Ley que permita la institucionalización real de la seguridad vial en los países que no la tengan, estableciendo entes responsables, programas de acción, recursos humanos, prioridades, objetivos definidos y presupuestos.
3. - La creación de una Agencia u organismo líder similar que regule la seguridad vial en los países, con recursos, competencias suficientes, capacidad de actuación y respaldo político al más alto nivel. 
4. - La creación y el fortalecimiento de los sistemas de información de movilidad y seguridad vial, como indispensables para la toma de decisiones, con acceso público. 
5. - La incorporación de las asociaciones de víctimas, organizaciones civiles y los medios de comunicación en las políticas de seguridad vial, como canal fundamental para llegar a toda la ciudadanía, consiguiendo la máxima implicación de la sociedad.
6. - El posicionamiento de la seguridad vial en el centro de las políticas de planificación, diseño, construcción, conservación y gestión de carreteras y vías urbanas.

• Asumimos como URGENTE:

1. - Establecer los mecanismos que conduzcan a la profesionalización de una policía especializada en materia de tránsito dotada de la tecnología adecuada para el desempeño de su labor de vigilancia y control.
2. - Diseñar un procedimiento sancionador adecuado que asegure el cumplimiento de las normas mediante la ejecución efectiva de las sanciones. 
3. - Promover, desde la planificación, políticas para garantizar la movilidad segura de todos los usuarios, en particular de los más vulnerables, entre los que destacan los peatones y los ciclistas. 
4. - Adoptar la norma de vehículos seguros de Naciones Unidas, para permitir mejorar la seguridad vehicular, involucrando a los fabricantes en el compromiso del máximo nivel de seguridad para todas las unidades de la Región, como en otras partes del mundo. 
5. - Aplicar una política integral de movilidad segura para las motocicletas, considerando el creciente problema que supone su uso incontrolado. 
6. - Implantar sistemas seguros de transporte público.
7. - Abordar el problema de la adecuación de la velocidad en las vías urbanas e interurbanas, estableciendo límites adecuados a las características y usos de las vías, así como a la composición del tránsito, y estableciendo procedimientos de control sistemático, preferiblemente con medios tecnológicos. 
8. - Controlar de manera efectiva el consumo de alcohol y drogas asociado a la conducción, generando marcos reguladores, procedimientos de control y sanción y políticas de educación y concienciación social, que se hayan demostrado exitosas. 
9. - Aspirar a ratios del 100% en el uso del casco y del cinturón de seguridad entre los usuarios, para lo que es necesario establecer marcos normativos, asignar medios de control y difundir información y concienciación a los ciudadanos. 
10. - Adoptar y aplicar normativas para la generalización de los Sistemas de Retención Infantil en la región.
11. - Promover la transferencia de conocimiento y buenas prácticas basadas en evidencias científicas entre los países de la comunidad de América Latina, el Caribe, España y Portugal, con el CISEV junto con otras iniciativas, como máximo exponente de colaboración internacional.
12. - Regular la obtención de los permisos de conducir, garantizando una formación y evaluación adecuadas y su expedición por parte de una única entidad o de acuerdo a criterios y procedimientos homogéneos. 
13. - Implementar programas de formación adecuados a cada nivel de responsabilidad de los distintos actores de la seguridad vial, para la adecuada preparación de funcionarios públicos y privados. 
14. - Reforzar el Programa Mesoamericano de Seguridad Vial, como ejemplo de la generación de fuertes alianzas multisectoriales para la seguridad vial, reconociendo el alto potencial para desarrollar nuevos enfoques que maximizan el esfuerzo de colaboración.

Acordamos esta hoja de ruta los responsables gubernamentales, asociaciones de carreteras de la Región, representantes de organismos multilaterales, la academia, asociaciones de víctimas, organizaciones civiles, empresas privadas, expertos internacionales, ponentes y profesionales comprometidos con la seguridad vial de 23 países, reunidos en el IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV), al tiempo que invitamos a otros implicados y, de manera muy significativa, a los responsables de la toma de decisiones en los países, a asumir este manifiesto como propio, permitiendo que sirva de guía en los próximos años para conseguir el necesario cambio de ritmo con vistas a lograr las metas del Decenio.

Jacobo Díaz Pineda, presidente del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), organización impulsora y promotora de este Congreso, ha anunciado en el acto de Clausura que tres países se han postulado para albergar la V Edición de este importante foro para el análisis de los problemas derivados de la inseguridad vial: Brasil, Chile y Paraguay.

El IV CISEV ha contado con la colaboración del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud, y las Subsecretarías de Transportes e Infraestructuras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México."