Hace también unos años, un agente de la Guardia Civil llamado Juan Carlos Toribio comenzó una campaña personal de identificación de problemas relacionados con la vía y su entorno. Amplio conocedor de los problemas que acechan a los conductores, especialmente en el mundo de la moto, decidió emprender acciones que redundaran en la mejora de la seguridad vial...

... y se llevó más palos que una estera tendida al sol. Pese a trabajar para que la gran empresa de la seguridad vial funcionase como es deseable, a Toribio le abrieron expediente en cuatro ocasiones, acabó mal visto por sus jefes, sancionado, apartado. Y ahora el Tribunal Supremo le ha dado la razón. Juan Carlos Toribio puede hablar de los problemas de la vía aun siendo agente de la Benemérita.

¿Y de qué había hablado Toribio para despertar el malestar entre las altas esferas? Pues de lo que todos sabemos y de lo que muchos sospechamos. El papel del conductor es el más importante a la hora de evitar un siniestro vial, pero hay determinadas situaciones en las que el factor vía tiene un gran peso, sobre todo para los motoristas, pero también para el conductor de cualquier otro vehículo.

Hace casi cuatro años, Toribio se expresaba de forma vehemente en un interesantísimo reportaje del espacio 'Línea 900' de La 2 titulado 'Carreteras mortales', y ahí daba ejemplos muy concretos de la dejación de responsabilidad en que incurren las administraciones públicas, a la vez que animaba a los ciudadanos que sufren siniestros por culpa de la vía a denunciar a los responsables, al "gran cortijo de las administraciones públicas", como denomina él a quienes no hacen "ni caso" de las denuncias que interpone la Guardia Civil cuando hay una infraestructura en mal estado.

A continuación incrusto el final del reportaje, donde la aparición de Toribio es más extensa, pero al final de esta entrada enlazo a las tres partes de que consta el documento en YouTube. Vale la pena verlo.


Exija el derecho a la vida.

Me quedo con esa frase, y también con la idea de que en España hay muchas, demasiadas, infraestructuras que quedan en manos de organismos autonómicos, provinciales y locales, cuando no todos los gobiernos autonómicos, no todas las diputaciones, no todos los ayuntamientos, tienen los fondos ni el asesoramiento técnico adecuados. Eso es algo que cada vez que hemos hablado sobre seguridad vial en la ciudad ha salido a relucir, pero que también pasa con otros ámbitos de actuación. Falta profesionalidad. Y dinero. Pero sobre todo, lo primero.

El caso de Juan Carlos Toribio me ha recordado la figura de Manuel Mateos de Vicente, aquel ingeniero que ya en los años 60 clamaba contra todos los factores de riesgo asociados a la vía que a otros les pasaban desapercibidos, quizá porque siempre es más fácil ver la paja en ojo ajeno que la viga en el propio. Y de miopías de ese calibre, nuestros administradores tienen todo un currículum.

A Manuel Mateos de Vicente lo ningunearon. Juan Carlos Toribio ha llegado hasta el Supremo. Me pregunto hasta dónde tendremos que llegar cada uno de nosotros antes de que alguien tome cartas en el asunto y asuma de una vez por todas que la circulación de vehículos es una actividad pluridisciplinar que no puede ser atendida desde tres o cuatro ministerios por vía de la dirección o la subdirección y que el tema de la división de competencias es una excusa inadmisible que huele a chamusquina.

Si atendemos a un esquema clásico de los factores de riesgo, esos que oficialmente atribuyen la responsabilidad del siniestro al conductor en un 70-90%, al vehículo en un 4-13% y a la vía en un 6-35%, tenemos que los conductores hemos hecho un esfuerzo durante los últimos tiempos por mejorar aunque sólo sea para que no nos quiten los puntos, y los fabricantes de automóviles llevan años de avances en el campo de la seguridad y también de la eficiencia.

¿A qué espera la Administración para ponerse a la altura de los demás? Que no me digan que la gran impulsora de las mejoras en conductores y vehículos es la Administración, que eso sería muy cínico. La Administración tiene la exclusividad de la acción en el terreno de las infraestructuras, y aunque en las estatales el nivel es bastante correcto (al menos en las vías que yo tengo ahora mismo en mente), no se puede decir lo mismo de las calles y carreteras que dependen de otros organismos, y que curiosamente aglutinan la mayor parte de los siniestros.

¿A qué esperan para dejar de pasarse la patata caliente de unos a otros y ponerse a trabajar?