El Ministerio Fiscal ha informado de más de 83.271 sentencias condenatorias por delitos contra la seguridad vial y 51.320 por delitos contra el patrimonio, que concentran la mayor parte de las condenas. En concreto, un 34% de las condenas dictadas en España el año pasado lo fueron por delitos contra la seguridad vial.

En el 90% de los casos las condenas suponen la prohibición de conducir, con lo que “trasmiten un mensaje de eficacia y prontitud en la aplicación de la ley y refuerzan la conciencia del riesgo vial”.

La fiscal general del Estado continuó indicando que para “la estabilización de las cifras de siniestralidad”, las administraciones deben dedicar sus esfuerzos a elaborar “un plan o estrategia nacional” que adopte “la educación viaria y la sensibilización respecto al uso razonable de peatones, ciclistas, motoristas y conductores”.

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