El objetivo es eliminar las barreras legislativas que lastran el desarrollo de la movilidad eléctrica en nuestro país. Una iniciativa que parte del Instituto Catalán de la Energía (ICAEN) y que llega al Congreso para crear una nueva normativa estatal sobre la materia que permita reducir la contaminación atmosférica y la dependencia del petróleo, a la par que se incentiva la nueva economía electrificada.
Una iniciativa que ha contado con un amplio respaldo de administraciones públicas y del ámbito privado, con grandes empresas de automoción como Renault, Nissan o Volkswagen, junto con suministradores como Endesa, Som Energía y Hola Luz, o vendedores de puntos de recarga (Wallbox y ConduceTuCiudad).
Entre las medidas que se proponen se cuenta la simplificación de la figura del gestor de carga para que se de aplicación solamente al titular que reciba retribución por la recarga de vehículos eléctricos. Los que presten servicios de recarga gratuita para sus clientes (centros comerciales, hoteles, etc), no tendrán que convertirse en gestores de carga dentro de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. También se crea la figura del gestor de carga representante, para aquellos cuya actividad principal no sea la recarga pero dispongan de puntos de recarga pública, por lo que podrán habilitarse como gestor de carga a través de un gestor de carga delegado.
Otro de los puntos interesnates es la reducción del coste de los emplazamientos fijos de recarga rápida. Se propone la exención del impuesto de energía eléctrica a los puntos de recarga rápida con potencias superiores a los 40 kW, según la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales. Además se propone un subvención temporal del 50% en el término de la factura relativa al peaje de acceso y cargos de los puntos de recarga rápida (>40 kW). Esto permite reducir los más de 4.000 euros anuales que se pagan solo por potencia contratada. Algo que está frenando la implantación de nuevos terminales.
La recarga pública también entra en las medidas que se quieren potenciar, con la intención de establecer un 15% de plazas de aparcamiento público o de rotación con infraestructura de recarga normal. O la fijación de un mínimo del 5% de plazas de aparcamiento municipales en poblaciones de más de 20.000 habitantes, que cuenten con puntos de recarga eléctrica normal. Y que dichos puntos tengan posibilidad de reserva preferente para vehículos eléctricos en zonas valles de tarifa nocturna (entre las 20:00 y las 7:00 horas).
Todo ello debe ir unido a un plan de ayudas estable hasta el año 2020, dotado con un mínimo de 20 millones de euros al año. Un plan que permita el desarrollo de la movilidad eléctrica beneficiando a ciudadanos y empresas privadas, con ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos del 25% del coste (IVA incluido) o un máximo de 7.000 euros por vehículo. Las ayudas se podrían complementar con una reducción del 100% del impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM), algo que estaría en manos de los municipios bajo el Real Decreto Legislativo 2/2004 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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