El ministro del Interior francés, Bruno Le Rous, ha anunciado una medida para privatizar los 300 radares móviles de nueva generación (RMNG), subcontratando el servicio a empresas para su funcionamiento. Aunque asegura que los radares de carretera permanecerán bajo la “responsabilidad del estado”.

Pero los automovilistas franceses no pueden dejar de pensar en la incompatibilidad entre la mentalidad de un empresario que solo busca la rentabilidad y el retorno de la inversión, y la de un departamento de seguridad vial, que debería primar la seguridad de los automovilistas por encima de la sanción.

Unas multas que, por cierto, están llenando las arcas del estado con 2.200 millones de euros, pero que según los franceses no logran reducir la siniestralidad. El motivo original por el cual fueron instalados.

Fuente