Un gasto que no computará en términos de déficit público, y que se repartirá entre las concesionarias mediante un canon mensual en función del estado de las vías, el impacto ambiental y la siniestralidad. Para ello se tendrá en cuenta el estado del pavimento, la señalización, el alumbrado, el drenaje y la seguridad vial, entre otros elementos.

El canon mensual supondrá un pago por disponibilidad, un novedoso modelo de colaboración público-privada en el que las empresas se hacen cargo del coste de las obras y recuperan su inversión a largo plazo (30 años). De este modo se pretende evitar los errores cometidos con las autopistas de peaje quebradas.

El plan se centrará en 20 grandes vías estatales de la red transeuropea que supondrán 2.000 kilómetros de vías. El Estado sufragará 350 millones anuales a partir de 2021, el 20% del presupuesto que Fomento dedica a carreteras. El 80% restante lo financiarán las entidades financieras y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

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