Pero lo que resulta chocante es que los indultos publicados y concedidos por el Consejo de Ministros son casi todos por delitos contra la salud pública y con penas de tres años de cárcel, excepto uno por delito contra la seguridad vial, en concreto un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás en concurso con un delito de homicidio, sancionado por el tribunal a trece años de prisión, por lo hechos ocurridos en el año 2003 pero sentenciados en el 2011.

De los más de ciento cuarenta mil delitos contra la seguridad vial tramitados en España en el año 2011, la pregunta que realizo es si tenía que ser indultado uno de los trescientos trece delitos de los denominados de conducción suicida por ser la conducta de mayor gravedad y castigada más severamente por afectar a la tutela de bienes jurídicos como la vida.

Con esta reflexión lo que no se cuestiona es la figura del indulto que es tan antigua como el delito y se conceden muchas durante el año como prerrogativa de gracia especial. Y debe quedar claro que el indulto no es una alternativa a la justicia ordinaria en manos del poder ejecutivo.

La seguridad vial en nuestro país está avanzando y por fin se considera de igual gravedad matar a una persona con un vehículo a motor como con otra arma, y esto es garantizar la vida e integridad física de las personas. Con este indulto se percibe una diferente valoración entre delitos de tráfico y otros delitos y esta es una apreciación que cierta o no debe desaparecer de las creencias sociales ya que estaríamos retrocediendo años en una actitud de silencio de la sociedad y las instituciones frente a la responsabilidad ante un accidente de tráfico.

No se puede destruir por una decisión de gracia, poco motivada y no explicada, lo que se está construyendo durante años como el gran trabajo y esfuerzo que desde la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial se realiza para unificar criterios y conseguir una respuesta proporcionada, disuasoria y efectiva contra la delincuencia vial. Seguramente sería más equitativo que además de indultar el Consejo de Ministros dicte normas y ofrezca claro apoyo económico a las medidas educativas y preventivas de los delitos viarios.

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