En su informe anual, el Defensor del Pueblo constata las «numerosísimas» reclamaciones que ha recibido el pasado año referidas a la excesiva onerosidad de las multas de tráfico, derivadas de la gravedad de la crisis y, por tanto, de las consecuencias que supone el pago de estas sanciones en la economía doméstica.

Además, la institución señala que esta consideración se añade al hecho de que la mayoría de ciudadanos percibe las multas como la «manifestación de una voracidad recaudatoria desproporcionada» por parte de la administración.

Como ya denunciara en su informe de 2011, reitera que una inmensa mayoría de los ciudadanos abona las multas resignados porque no le compensa plantear un recurso, aunque estén convencidos de que se ha cometido «un atropello de sus derechos». También denuncia el informe que la administración no conteste en plazo a los recursos presentados, incumplimiento por el que además resulta beneficiada.

«No es de recibo que desatienda sus obligaciones legales al tiempo que manifiesta celo en la exigencia del cumplimiento que corresponde a los ciudadanos», añade el informe. 

Por ello, y para superar esta percepción de abuso que tienen los ciudadanos, el Defensor propone dotar de más garantías al procedimiento administrativo sancionador de tráfico.