La última llama la ha prendido el Ministerio de Industria que medita "iniciar los trámites de modificación" del Real Decreto que regula el sistema de ITV con el objetivo de eliminar las actuales "incompatibilidades" que impiden que los talleres y los concesionarios puedan realizar estas inspecciones, según ha avanzado el jefe del Área de Homologación y Reglamentación de Vehículos del Ministerio de Industria, José Manuel Prieto.
"Durante la previsible modificación de este Real Decreto se escuchará a todas las partes en los correspondientes trámites de audiencia y se verá la opinión del sector, pero la idea ahora mismo es entender que con esta medida se podría incrementar la competencia sin perder la integridad y la capacidad técnica de nuestras estaciones", ha señalado Prieto durante la presentación del informe 'Contribución de la ITV a la Seguridad Vial 2012' llevado a cabo por la Universidad Carlos III.
Prieto, quien ha reconocido que hay asociaciones dentro del sector que están en contra de la medida, ha avanzado que "se van a iniciar los trámites de modificación del Real Decreto para eliminar las incompatibilidades" y ha matizado que, en cualquier caso, la medida se tomaría "a nivel estatal" y luego sería cada Comunidad Autónoma, dentro del ámbito de sus competencias, la que decidiría cómo aplicar la normativa.
Asimismo, ha indicado que si, como se planea, finalmente, se eliminan estas incompatibilidades a nivel estatal, existen "otros modelos de control", como es la acreditación o la evaluación según las normas, para evitar que la liberalización afecte a la Seguridad Vial.
Por su parte, el secretario general de AECA-ITV, la patronal de los operadores de ITV en España, Luis Rivas, ha indicado que cuando el Gobierno les comunique oficialmente sus planes será cuando den su opinión, aunque ha avanzado que, independientemente de lo que el Ejecutivo decida hacer a nivel estatal, son las comunidades autónomas las que tendrán que decidir si "mantienen, amplían o reducen" los permisos para decidir las empresas que pueden pasar las inspecciones.
Polémica por la liberalización
En la actualidad en España hay varios sistemas de ITV, dado que son las Comunidades Autónomas las que las regulan. Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja están a favor de la liberalización y, por tanto, de la autorización a los talleres y concesionarios. Otras tres, Andalucía, Extremadura y Asturias optan por la gestión pública directa o tutelada a través de una empresa pública. Y por último hay otras diez en las que se opera a través de una concesión de 20 años.
Este es el caso de Cataluña, donde el pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró nulo el concurso público de adjudicación de las ITV en esta comunidad, dando así la razón a la Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (Fecavem). El órgano judicial entiende que en estos servicios debe aplicarse prioritariamente la liberalización emanada de la directiva europea, sin restricciones por territorio ni número de operadores.
Con esta sentencia, los concesionarios se consideran legitimados para entrar en el negocio de las ITV, en contra de lo que defienden los operadores del sector. El presidente de Fecavem y de Faconauto, Jaume Roura, declaró que "el tribunal nos ha dado la razón y no ve incompatibilidad alguna en el hecho de que los concesionarios presten servicios de ITV». El primer paso –añadió- se ha dado en Cataluña pero pensamos extender nuestra demanda a todo el ámbito estatal"
Recurso de AECA-ITV
Sin embargo, AECA-ITV respalda el recurso ante el Tribunal Supremo (TC) y según la asociación "será el TC el que debe resolver sobre el concurso público de estaciones de ITV en Cataluña y la normativa autonómica cuestionada. Por este motivo, y pese a las sentencias del TSJC, el servicio de ITV deberá seguir estando totalmente regulado por la Administración al tratarse de un servicio público de interés general –cuya realización corresponde a las Comunidades Autónomas directamente o mediante empresas públicas y privadas, no incompatibles con la actividad de ITV-", ha explicado en un comunicado.
De igual modo explica AECA que la Inspección Técnica de Vehículos es "un servicio público de interés general en el que concurren razones como la seguridad vial y la protección del medio ambiente, que permitirían la justificación en la norma de restricciones o limitaciones al régimen especial de prestación del Servicio público de ITV. El sistema actual regulatorio garantiza mejor que ningún otro la protección de los derechos del consumidor ante la compra de vehículos –nuevos o usados- o ante su reparación o transformación, y vela para que los usuarios viajen en vehículos seguros."
De estas declaraciones se sobrentiende que AECA cree que si un concesionario obtuviera la licencia para poder pasar la ITV a los vehículos, saldría perdiendo el consumidor ya que se sacarían más defectos al vehículo, con el consiguiente gasto que acarrearía la reparación exigida para pasar la Inspección.
De ahí que José Manuel Prieto, jefe del Área de Homologación y Reglamentación de Vehículos del Ministerio de Industria se apresurase a decir que se establecería "algún otro mecanismo de control". Los propios concesionarios llevan años reclamando la liberalización, proceso que comenzó a finales de los años 90 cuando gobernaba José María Aznar, pidiendo en todo momento que puedan realizar las ITV siempre y cuando esté supervisado por un inspector designado por la Administración pertinente o por el mecanismo de control que se establezca.
Reparto del pastel
Según los datos de AECA el pasado 2012 se realizaron 12 millones de inspecciones a un precio medio de 30,57 euros, lo que supone una facturación de más de 366 millones de euros. Sin embargo, desde AECA explican que el número de inspecciones se ha estancado y no sólo por el 20% de turismos y vehículos comerciales que circulan sin haber pasado la obligatoria ITV. Esto afectaría directamente al plan de negocio estimado de los operadores para el total de los 20 años de concesión.
No obstante, los datos de facturación de AECA indican lo contrario. En 2009, la facturación total subió un 6,45%, en 2010, un 7,3%, en 2011, un 7,49%, y en 2012, un 7,73%. Hay que anotar también que en este período (2008-20012) se han abierto 69 estaciones nuevas de ITV por parte de los operadores.
Es evidente que la liberalización mermaría los pingües beneficios de los operadores, no por el posible abaratamiento de la tarifa derivada de la competencia sino por el crecimiento exponencial del número de estaciones donde pasar la ITV.
Lo único seguro es que
la última palabra, a día de hoy, la tienen las
Comunidades Autónomas que son las que tienen la potestad última para expedir la concesión. Salvo que el TS dé la razón a los concesionarios.
El Mundo
