El Código Penal no recoge de forma expresa la posibilidad de que las autoridades, los técnicos y funcionarios públicos de carreteras, ni los empleados y directivos de empresas de construcción y conservación de carreteras puedan, en el ejercicio de sus funciones, cometer delitos contra la seguridad vial.

Las reformas del Código Penal de 2007 y 2010 tan solo regularon los delitos contra la seguridad vial que podemos cometer los ciudadanos, y ello a pesar de que la AMM solicitó que se aprovechara la reforma para regular también la responsabilidad de los integrantes de Administraciones y empresas de carreteras, solicitud que fue contestada con un "…eso no se hará jamás…"

Su impunidad llega a tal extremo que incluso se prohíbe a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico denunciar el mal estado de la carretera, y cuando lo hacen, se les sanciona por ello.

Los ciudadanos queremos que esto cambie… ¡que cada uno asuma su responsabilidad!

El día en que un responsable público pueda ser condenado a pena de prisión y a que indemnice con su patrimonio a las víctimas de los accidentes de tráfico ocasionados por su culpa, la Seguridad Vial habrá cambiado en España para siempre. Ese día empezaremos a tener carreteras verdaderamente seguras para todos los ciudadanos.

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