El objetivo de esta investigación, en la que han participado cerca de 160 víctimas, es describir la experiencia personal de los accidentados y conocer cómo se relacionan con médicos, policías, jueces, abogados y compañías de seguros en circunstancias siempre difíciles emocionalmente para los familiares de los afectados. Entre las principales barreras: la descoordinación y la falta de información. 

"No hay alguien que se acerque y te diga: 'mira tienes que hacer esto, aquí tengo la lista de cosas que tienes que hacer'. No te dicen lo que no les preguntas", se lamenta uno de los participantes en el estudio, que perdió a uno de sus familiares en un siniestro. 

Según el informe, las víctimas consideran que, excepto en el momento del accidente, existe muy poca coordinación entre las instituciones, lo que les obliga a dirigirse de forma individual a cada una de ellas. A esto se suma el gran número de gestiones burocráticas, como solicitud de certificados, permisos o documentos, que deben realizar para recibir la atención que precisan. Además, en la mayoría de las ocasiones esos trámites se han de llevar a cabo en el mismo periodo de tiempo en diferentes administraciones y en circunstancias muy difíciles.  

A este papeleo se añade los gastos económicos sobrevenidos, que en caso de lesiones graves pueden ser muy importantes y suponer problemas para la familia. "Un sueldo te da para vivir, y a lo mejor te da para vestir más o menos bien y te da para irte de vacaciones y para tener un coche, pero para pagar unas terapias intensivas eso ni de coña te da. No, no hay un salario que lo resista", señala otra de las participantes en el estudio, con un familiar dependiente. 

Las víctimas de accidentes también consideran que hay un desequilibrio entre los recursos humanos, sanitarios y económicos utilizados por los profesionales de sanidad en la etapa de rehabilitación y los dispuestos en la atención 'in situ'. "La atención primaria es extraordinaria. Digamos, el salvar a la persona es extraordinario. ¿Qué pasa? Que después hay un después. Entonces, después te dan a tu hijo de alta, a esa persona, y te la mandan para tú casa, pero no te dicen lo que puedes hacer, lo que debes hacer, para nada", reflexiona otra víctima.

Y todos estos problemas en un momento en el que las personas que lo sufren se enfrenta a un cambio brusco en su vida, tras haber perdido a un ser querido o verse con una lesión más o menos importante que les cambia la vida de un día para otro. "Todo lo ves súper lejano. Crees que nunca te va a tocar hasta el día que te toca y dices 'ostras, es que realmente pasan'. Realmente hay accidentes y realmente detrás de los accidentes, hay personas que están graves, personas que no lo están y personas que se mueren", recuerda una de las víctimas, que perdió en la carretera a un familiar.

El estudio propone algunas medidas para mejorar estos primeros momentos tras el accidente, entre las que destacan planes de formación para que las relaciones de las instituciones con las víctimas sean más humanas. También recomienda establecer una red de coordinación entre todos los agentes implicados, con el fin de identificar los procedimientos que realiza cada institución y que éstas entiendan que su trabajo es complementario. En esta línea, el estudio propone la figura de un mediador, que se encargaría de realizar todas las gestiones burocráticas en nombre de la víctima.

Asimismo, también se proponen medidas para mejorar la atención de los servicios médicos, a los que las víctimas solicitan información clara, permanente y completa, y destaca la importancia de que se aumente la rehabilitación en la sanidad pública y que ésta se inicie rápidamente, con el fin de que la recuperación sea óptima. El informe insta a estudiar la posibilidad de ayudar a las familias para disminuir el gasto en el que incurren.

RECLAMAN UN TRATO MÁS HUMANO

Las víctimas reclaman a los cuerpos de seguridad que su trato no sea rutinario y que mejoren sus capacidades técnicas y humanas en la elaboración de los atestados; a los abogados, que utilicen un lenguaje comprensible; al sistema judicial, que tenga en cuenta que la indemnización es insuficiente cuando no va acompañada de una sanción al infractor, que sirve de reparación moral y reconocimiento social; y a las aseguradoras, que garanticen a las víctimas una atención personalizada e integral, que no se limite a cuantificar el daño y pagar. La rapidez en la actuación es más valorada cuando se acompaña de un trato excelente e información sencilla y comprensible.

En 2011 --último año para el que hay cifras consolidadas a 30 días después del accidente-- se dejaron la vida en las carreteras y calles españolas 2.060 personas, un 13% menos que en 2010. Los fallecidos son sin embargo sólo "una fracción" de las víctimas de accidentes, según recordó el año pasado en una comparecencia parlamentaria la directora de Tráfico, María Seguí. 

A estas 2.060 personas que perdieron la vida en 2011 hay que añadir 11.347 heridos graves y 104.280 heridos leves. En total, en España hay alrededor de 78.960 personas con discapacidad permanente por las secuelas de un accidente de tráfico ocurrido en 2011 o en cualquier otro momento previo.