En concreto, Industria ha abierto el plazo de información pública de un proyecto de Real Decreto por el que se modifica la normativa anterior sobre las ITV, de forma que las partes tendrán de plazo hasta el próximo 10 de agosto para presentar sus alegaciones al borrador.

El Departamento que dirige José Manuel Soria explica en el texto que se ha considerado conveniente suprimir todas las incompatibilidades de la actividad de Inspección Técnica de Vehículos.

Estas incompatibilidades, contenidas en un Real Decreto de 2008, afectan a empresas de venta de automóviles, compañías de transporte, aseguradoras, peritos y gestorías, con lo que su posible eliminación dejaría la puerta abierta a que concesionarios o flotas de transporte pudieran prestar el servicio de ITV, siempre que obtuvieran la preceptiva acreditación.

Con todo, pese a la intención del Gobierno central de suprimir las incompatibilidades, cabe recordar que las competencias en materia de Inspección Técnica de Vehículos corresponden a las comunidades autónomas, que tienen la capacidad de limitar el acceso a esta actividad en su legislación territorial.

La apertura de las ITV a los concesionarios, defendida por organizaciones del automóvil, choca frontalmente con los planteamientos de la asociación empresarial del sector de la Inspección (AECA-ITV), que ha venido advirtiendo reiteradamente de consecuencias negativas para la seguridad vial, el medio ambiente, los consumidores, los pequeños talleres y las estaciones de ITV existentes.

Esta asociación viene argumentando que la incorporación de grupos de concesionarios al sector no garantiza un mejor servicio y, además, vulnera los principios de imparcialidad e independencia, pues los vendedores de coches serían "juez y parte" al detectar los posibles defectos de los coches y proceder a subsanarlos.

El sector de las ITV genera un volumen de negocio anual de alrededor de 500 millones de euros. En España prestan este servicio unas 60 empresas, que disponen de 400 centros de con unas mil líneas de inspección.