Para remediarlo, la modificación de la Ley de Hidrocarburos, incluida en la Ley de Emprendedores y publicada recientemente en el BOE, elimina los precios máximos y recomendados, limita la cuota de mercado de las distribuidoras al 30% de cada provincia y establece más facilidades para abrir nuevas gasolineras.

Pero son los centros comerciales, así como polígonos industriales y estaciones de ITV, los grandes beneficiados en la reciente modificación de la Ley de Hidrocarburos, dado que el texto establece que podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una gasolinera.

Más aún: la licencia municipal requerida para cada uno de estos establecimientos llevará implícita la de instalación de una gasolinera, que el ayuntamiento «no podrá denegar […] por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello», salvo que los terrenos no sean aptos para actividades con niveles similares de riesgo e impacto ambiental.

Un suelo que, además, no cuenta como superficie útil de exposición a efectos legales. Todo ello porque estos establecimientos suelen manejar unos precios más reducidos.

Sin embargo, fuentes de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que representa a las distribuidoras, indican que «la medida no aliviará el IPC, dado que los supermercados utilizan la gasolina como reclamo y repercuten la diferencia al resto de productos».

Nuevo reparto

Desde la AOP apuntan que la ley podría concentrar una gran parte del mercado en manos de los centros comerciales dado que, además de suprimir trámites, se implanta una medida que perjudicaría a las gasolineras independientes: el periodo máximo de los contratos en exclusiva entre la distribuidora y la gasolinera, se restringe a 3 años.

Este tipo de contratos sirven para financiar gran parte del coste de la gasolinera, a cambio de que ésta quede vinculada a la distribuidora como pago en especie. Hasta ahora son habituales plazos de hasta 15 años, que ya quedaban rebajados a 5 por la normativa comunitaria.

Sin embargo, «tres años ya no son suficiente para costear toda la inversión, lo que dificultará nuevas aperturas en un momento en el que el crédito es tan limitado», subrayan fuentes de la AOP, donde advierten de que la normativa es similar a la francesa, donde «las gasolineras escasean en las autopistas, dado que son menos rentables».

¿Qué pasa con aquellas estaciones de servicio que se planearon para contratos en exclusiva de 15 años? La ley señala que después de un periodo de adaptación de 12 meses se considerarán nulas las cláusulas que obliguen a una renovación más allá de los 3 años, pero las distribuidoras reclaman una indemnización.

Algunos expertos explican que la letra pequeña de la ley no deja claro cuál de las partes se llevará el gato al agua. De nuevo, hay una excepción: las estaciones de servicio en terrenos de su proveedor, en cuyo caso la exclusiva se podrá prorrogar mientras dure el contrato de alquiler. Otra vez, los centros comerciales salen beneficiados.

También hay cambios en la red de distribución, que afectan sobre todo a la Compañía Logística de Hidrocarburos, propietaria de la mayor parte del sistema, y que deberían abaratar el coste para las gasolineras no vinculadas a las grandes distribuidoras, dado que se da publicidad a las decisiones para garantizar la igualdad entre los accionistas y los que no lo son, y el Gobierno se reserva el derecho a fijar el precio de los peajes.

El texto insiste expresamente en que la propietaria tiene que publicar las condiciones técnicas, los precios, descuentos y cuándo se producen congestiones para evitar «el acaparamiento y un uso sustancialmente inferior a la capacidad» por parte de la empresa.

Todas las claves

1. Los centros comerciales podrán incorporar gasolineras, aunque el suelo estuviera destinado a otros usos. La licencia se obtendrá de forma automática y el ayuntamiento no podrá rechazarla. Bastará con que los locales sean aptos para actividades con niveles similares de riesgo, residuos e impacto ambiental.
2. El resto de operadores obtendrán licencias de funcionamiento en 8 meses, y de construcción en 45 días.
3. El suelo de la gasolinera no computará como superficie útil de exposición y venta al público del establecimiento.
4. Un grupo de distribución no podrá superar el 30% de cuota de mercado en ninguna provincia. El Gobierno podrá revisar este objetivo del 30%.
5. Se limitan los contratos de distribución en exclusiva con gasolineras a tres años. Se tendrán por no puestas las cláusulas en sentido contrario.
6. Se prohibe la fijar precios máximos y recomendados.
7. Las compañías propietarias de la redes de distribución, deberán dar igualdad de trato a todos sus clientes, sean accionistas o no. El Gobierno podrá fijar los peajes. 8. Además, harán públicas las condiciones técnicas, la capacidad, los precios y los tipos de descuento, para evitar el «acaparamiento y uso sustancialmente inferior a la capacidad».

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