Vargas recuerda, en una entrevista concedida a Europa Press, que la fiscalía ya informó en su día en contra del indulto y también cuestiona abiertamente la decisión del Gobierno de anular la condena a 13 años de cárcel impuesta al kamikaze tras el accidente de Polinyà. Vargas asegura implícitamente que el indulto del Gobierno no estaba suficientemente motivado e incluso reflexiona sobre la necesidad de una reforma legal. El fiscal de Seguridad Vial asegura que su posición es «de respeto al Gobierno», pero que, en todo caso, «los indultos deberían estar motivados y para ello hace falta una reforma legal», aseguró.

Sin embargo, el responsable de Seguridad Vial en la fiscalía defiende que el hecho de que se haya indultado a una persona no significa que haya perdido eficacia la norma penal. «La facultad de indulto es una valoración que corresponde al Gobierno y el fiscal no puede jurídicamente discrepar. No tenemos legitimación para el recurso. Si la tuviéramos el fiscal se hubiese planteado si recurrir o no», explicó. Además, Vargas ha denunciado la «indefensión» de muchas víctimas de accidentes de tráfico con condiciones económicas precarias ante la reforma de la Ley de Tasas, al detectar que «ven dificultado el acceso a los tribunales para defender sus legitimas pretensiones en el ámbito civil o penal».

Fórmula para facilitar el proceso

Asegura que esta realidad «existe» y que él mismo ha sido testigo a raíz del contacto con las víctimas. En este sentido, señala que la fiscalía «ha articulado propuestas de reformas legislativas» y confía en que éstas sean recogidas por el Ministerio de Justicia. «Queremos fórmulas pronto para que las víctimas de accidentes, sobre todo las de mayor gravedad y con mayores secuelas, tengan garantizado, al margen de su situación económica, el acceso al proceso», sentencia el fiscal, que insiste en que, a día de hoy, «un porcentaje no intrascendente de víctimas se ven limitadas a la hora de ejercer su legítimo derecho».

En cualquier caso, niega que matar a alguien con el coche salga barato, como denuncian algunas asociaciones de víctimas, y asegura que «existe una respuesta penal proporcionada y hay 100.000 condenas cada año».