La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha percatado de que los puntos fijos de control de velocidad han perdido efectividad con el paso del tiempo. Los conductores, que conocen a la perfección dónde están situados estos radares (de hecho, como el resto de radares fijos se puede consultar su ubicación en la propia página web de la DGT) o que cuentan con dispositivos electrónicos que avisan cuando se aproximan a uno, tienen la 'precaución' de levantar el pie cuando llegan a ese punto para volver a acelerar una vez sobrepasado el control.
El jefe provincial de Tráfico en Granada, José Vico, confirmó que la DGT lleva a cabo actualmente un estudio para "analizar" la "necesidad de reubicar la instalación de los puntos de control de velocidad" . El análisis que lleva a cabo Tráfico en la provincia para determinar en qué lugares deberían estar esos radares "tiene su principal foco" en determinar dónde están localizados los puntos negros, los tramos con mayor intensidad de tráfico y también el número de denuncias por exceso de velocidad. Otro aspecto que estudia la DGT para determinar el cambio es que alguno de esos radares esté fuera de servicio por haber sido objeto de un acto vandálico.
Todavía no se ha determinado cuáles se cambiarán ni dónde irían ubicados los nuevos controles. José Vico sí confirma que se trabaja con la idea de instalarlos en puntos que sean considerados conflictivos. Este asunto ya ha sido objeto de reclamación de algunas asociaciones. Así, según un reciente estudio del colectivo Automovilistas Europeos Asociados (AEA) que analizaba los tramos de carretera más peligrosos a nivel nacional, la N-323 resultaba ser una de las que registraba un mayor índice de accidentes en toda España. Concretamente era la segunda a nivel andaluz y la sexta española en este ranking. Del punto kilométrico 173 al 183 de esa vía -que recorre el litoral granadino- se habían registrado en el quinquenio que va de 2007 a 2011 un total de 25 accidentes con 48 víctimas. El documento indicaba además que en esa vía no existe ningún radar que sirva para disuadir a los conductores y que, de hecho, la presencia de controles de velocidad en los lugares con mayor índice de siniestralidad es mínimo: apenas hay cinco en los 180 tramos que componen la clasificación, a pesar de que la Administración cuenta con más de un millar en la red viaria nacional.
Actualmente, existen en la provincia de Granada catorce lugares preparados para controlar la velocidad de los conductores, aunque no todos están activos. Según explica José Vico, tienen instalaciones preparadas para que se ubique el sistema de medición de velocidad -denominado cinemómetro-, pero "no todos los puntos de control tienen instalado uno en todo momento, sino que se van alternando".
De los ocho controles que sí están operativos, destaca el situado en el punto kilométrico 358,900 de la N-340, con 1.295 sanciones en lo que va de año. Este dato supone que un único radar ha interpuesto cuatro de cada diez denuncias captadas por este sistema de vigilancia, según la Jefatura Provincial de Tráfico.
Hasta la fecha, se han tramitado 3.250 multas por parte de estos ocho radares activos, lo que supone -de mantenerse- una tendencia a la baja en cuanto al número de sanciones, por cuanto que en todo 2012 se tramitaron un total de 5.558 multas, que supusieron la pérdida de 12.634 puntos. La velocidad es, de hecho, la principal causa de sanción en la provincia de Granada, según los datos de la DGT, por delante de no llevar el cinturón o el dispositivo homologado del niño (3.868 sanciones), dar positivo en el control de alcoholemia (3.283) y no respetar las indicaciones semafóricas (1.435).
La reubicación de los radares no es la única medida que se tomará para mejorar la eficacia de este sistema de control. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de julio el anteproyecto de ley para la modificación parcial de la ley de Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Se incluirá la prohibición de usar detectores de radares en los vehículos. La restricción llevará aparejada la posibilidad de perder tres puntos del carné y una sanción económica de 200 euros.
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