En aquellos papeles se hablaba de instalar badenes con diversas alturas para que las motos pudieran pasar por ellos (reduciendo la velocidad) sin peligro para sus suspensiones e incluso para su físico. Hoy día existen muy pocos en España.

Allí también se comprometían las instituciones a adecuar 1.500 kilómetros de carreteras con elementos SPM (ya patentados y comprados) que evitaran que los guardarrailes se convirtieran en cuchillas mortíferas en caso de accidente, dándoles el uso que deben tener: el de quitar miedos y evitar lesiones cuando haya caídas. Quien use habitualmente los asfaltos estatales comprobará que no se ha llegado a esa cifra ni por asomo.

Curiosamente todo ello se basa en el buen mantenimiento de las carreteras, donde España ha sido uno de los países de la Unión Europea que más dinero ha recibido para este menester (8.500 millones de euros desde el año 2000) pero ¡oh casualidad!, pese a disponer de la mano de obra y los materiales más baratos que el resto de naciones, los trabajos arrojan un coste que por ejemplo duplica el de Alemania.

Y, en medio de todo esto (por si fuera poco) subyace una eterna petición: la de renovar el parque móvil de motocicletas, con el fin de reactivar la economía también por ese lado incentivando la compra y generando dinero para las marcas y concesionarios.

Hasta tres ha habido en los últimos tiempos para el sector del automóvil. Y, como ya habrá adivinado el lector, cero patatero para el de las motos. Así que, en base a estos argumentos, la pregunta es: ¿son los motociclistas conductores de segunda categoría para el Gobierno y la Dirección General de Tráfico?

No creo que haya que pensar demasiado la respuesta.