Así lo ha señalado la subdirectora general de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial, Maj-Britt Larca, quien, ha explicado que el grupo de trabajo constituido para la reforma del impuesto de circulación está estudiando esta posible modificación. 

La alto cargo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha apuntado que este grupo de trabajo presentará la propuesta a finales de este año, y advirtió de que "el trámite es muy largo", lo que podría dificultar la entrada en vigor del cambio fiscal a principios de 2014, tal y como estaba previsto. 

La intención del Ejecutivo es vincular este gravamen, que actualmente se aplica en función de los caballos fiscales de cada vehículo (dependiendo básicamente de la cilindrada), a las normas Euro sobre emisiones contaminantes, con lo que pagarían más los coches que más contaminen. 

Se da la circunstancia de que el importe del impuesto de circulación presenta grandes diferencias entre distintos municipios, pues los ayuntamientos pueden fijar un coeficiente variable para el cálculo del gravamen.

60.000 coches registrados en un pueblo de 200 habitantes

Esta libre elección del gravamen por parte de los ayuntamientos lleva a paradojas como la del municipio de Aguilar de Segarra en el que hay censados 228 vehículos por habitante. Y no es un caso único hay otros paraisos fiscales en España que las empresas de renting utilizan para pagar menos impuestos.

El concejal de Hacienda de Aguilar de Segarra, Pedro Aliaguilla, pone un ejemplo: "Un coche como un Peugeot 405 o un Ford Mondeo pagaría unos 18 euros y un Ford Fiesta o un Ibiza paga unos 10 euros".

Esto lo aprovechan, sobre todo, empresas de renting con grandes flotas de coches. Lo que hacen es abrir una oficina en el municipio y así pueden ahorrar mucho dinero pagando el impuesto al pueblo, aunque no circulen por la zona. El concejal de Hacienda de Aguilar de Segarra y el alcalde de Rajadell, Juan Costa, recuerdan que la práctica es totalmente legal: "Al principio nos daba miedo y llamamos a Hacienda y nos dijeron que no había ningún problema", explica Aliaguilla. Y Costa añade, "Hemos tenido muchas embestidas como si esto fuera un paraíso fiscal, pero esto es un error gravísimo. La ley dice muy claro lo que se puede hacer y cada municipio aplica el coeficiente que cree que debe aplicar".

En 2011, el Ayuntamiento de Madrid puso un recurso contra los municipios pequeños de la comunidad que tenían un impuesto de circulación bajo al ver que las empresas de renting marchaban de la ciudad para domiciliarse en estos pueblos. El Supremo desestimó el recurso y acabó dando la razón a los municipios pequeños.