La Ley de Seguridad Vial, que ha endurecido mucho las sanciones a los infractores desde 2010, pero también la progresiva implantación de una mayor cultura de la seguridad al volante entre los conductores españoles, las empresas y los fabricantes de automóviles son –a juicio de Tomás Santa Cecilia, director de seguridad vial del RACE– algunos de los motivos que han ayudado a reducir el número de infracciones hasta los 3,8 millones (último dato disponible). Y, de paso, a rebajar los fallecidos en accidentes de tráfico, 1.903 víctimas en 2012 (un 8% menos). Todo hace pensar que esta tendencia se mantendrá este año. Prueba de ello es que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé para 2013 unos ingresos por multas de 384 millones de euros, un 14% menos de lo esperado inicialmente. En dos años, los ingresos han caído un 17%, lo que, a priori, denota la tendencia de conductas más respetuosas en las carreteras.

El anteproyecto de reforma, que se está tramitando en el Congreso, va en la misma dirección. Este eleva de 500 a 1.000 euros las multas por conducir con tasas de alcohol y drogas superiores a las permitidas, prohíbe los detectores de radares y amplía el límite de velocidad hasta los 130 kilómetros por hora en las carreteras más seguras. 

El director del departamento de asesoría jurídica del CEA (Comisariado Europeo del Automóvil), Eugenio de Dobrynine, ha asegurado que, efectivamente, los hábitos de los conductores al volante han cambiado en los últimos dos años, pero principalmente debido a la fuerte subida de las multas, “las más altas de Europa”. “Los conductores son cada vez más respetuosos con las normas debido al importe tan elevado de las multas”.

Esta tendencia puede verse acentuada aún más con la entrada en vigor en 2014 del anteproyecto de ley, que recoge nuevas restricciones.

No obstante, también otros factores, como las nuevas políticas de venta de los fabricantes, más volcados ahora en la seguridad que en la potencia de los vehículos, o el descenso de los desplazamientos en coche por la crisis, han contribuido a la comisión de menos infracciones, según apunta Dobrynine. Solo en Madrid, el número de denuncias en 2013 difícilmente alcanzará los tres millones, cuando antes se tramitaban 4,5 millones anuales, de acuerdo con estimaciones del CEA.

Un descenso “positivo”, pero que puede convertirse en un arma de doble filo para los conductores. No sería raro que “en los próximos meses se produzca un aumento de la cuantía de las multas”, sobre todo las de velocidad, advierte Santa Cecilia. Porque si bien es cierto que la DGT ha dado un giro potenciando más la educación en materia de seguridad vial, “el bolsillo de los conductores sigue siendo una fuente de ingresos” y más ahora, que las arcas públicas están cada vez más vacías debido también al menor número de matriculaciones de automóviles.

Pero no solo el aumento de las multas recogido en la ley de 2010 ha provocado una alteración de las conductas de los españoles en la carretera –cuyas infracciones más recurrentes siguen siendo el alcohol y las drogas, la velocidad, la distracción, principalmente con el móvil; no usar el cinturón de seguridad o el aparcamiento–, sino también en los procesos de recursos de multas.

La bonificación del 50% por el pronto pago está teniendo un efecto muy disuasorio, pero también la subida de las tasas judiciales de este año, dicen en Dvuelta, asociación de conductores donde las multas que implican la pérdida de puntos son las más recurridas.

A todas luces, la reforma en el Congreso también va a contribuir a modificar hábitos de conducción. Uno de los puntos más controvertidos es el aumento de las sanciones por consumo de alcohol y drogas (estas últimas quedaron en segundo plano en la ley actual). Mientras que en Legálitas opinan que puede disuadir de este tipo de infracciones por miedo a la multa, en la Fundación para la Seguridad Vial (Fesvial) consideran la medida “desmesurada”. “Aumentar los controles preventivos sería más efectivo”. Tampoco cuenta con el apoyo de los conductores. Según un estudio de la plataforma AutoScout24, el 58% de ellos cree que responde a fines recaudatorios.

La prohibición de los detectores de radares móviles es otro de los puntos que también ha levantado ampollas. Se pone en duda el efecto disuasorio de esta medida. “¿Por qué no se señalizan también los radares móviles?”, se preguntan.