Representantes de distintos ámbitos relacionados con la seguridad vial comparecieron en la comisión correspondiente del Congreso para dar su opinión sobre el uso del casco en ciudad, ya que Tráfico ha querido que este asunto se debata en la Cámara antes de incluirlo en el nuevo Reglamento de Circulación. 

Aunque la directora general de Tráfico, María Seguí, es partidaria de la obligatoriedad del casco en las urbes (en carretera ya lo es), la polémica que suscitó este asunto decidió a la DGT a proponer ese debate en las Cortes. El martes les ha tocado el turno a Mapfre, el RACC, un médico del hospital 12 de Octubre y la asociación catalana de víctimas de accidente de tráfico P(A)T-AP(A)T. 

La presidenta de esta última asociación, María Eugenia Domenech, apostó por el uso obligatorio del casco y, aunque reconoció que en la mayoría de los países de nuestro entorno no lo es, se preguntó por qué España no puede perder el "miedo" a tomar medidas y ser pionera en este asunto. 

De todos modos, Domenech considera necesario un periodo de adaptación, que en principio ha cifrado en dos años, desde que se apruebe el reglamento hasta que se imponga de forma obligatoria, lo que vendría bien no solo a los ciclistas, sino también a las empresas de alquiler. 

En ese periodo de transición tendrían que ponerse en marcha campañas de concienciación para recomendar a los ciclistas el uso de ese elemento de seguridad, ha dicho Domenech, quien abogó por fijar en hasta los 16 años la edad para el uso obligatorio del casco para menores en ciudad. 

Mientras, el director de la Fundación RACC, Miquel Nadal, apuntó la posibilidad de que la imposición del casco tenga un efecto desincentivador en el uso de la bici y recordó que España está a la cola de los países europeos en porcentaje de usuarios de este medio de transporte. 

Nadal se mostró partidario de que se generalice el uso del casco pero sin que se imponga, ya que la obligatoriedad podría tener un efecto disuasorio en las ciudades donde la bici ha tenido un "cierto boom". 

Julio Laria, director del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, que defendió una protección integral de los ciclistas, presentó un estudio de su entidad sobre el colectivo y su accidentalidad que refleja que el 57 por ciento de los casos analizados murió a consecuencia de traumatismos craneoencefálicos. 

La mitad de los ciclistas fallecidos no llevaba casco y ese porcentaje no varía notablemente entre los que perdieron la vida en ciudad y los que murieron en vías interurbanas. 

Antonio Hernando, del Servicio de Medicina Intensiva del hospital madrileño 12 de Octubre, aseguró que las tres cuartas partes de los ciclistas que mueren en accidente fue a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. 

Cada día de estancia en la UCI, subrayó Hernando, cuesta 2.700 euros, un coste evitable si se utilizaran elementos de seguridad como el casco que, además, es asumible económicamente para cualquier bolsillo.

Finalmente, el diputado de IU Ricardo Sixto ha resgistrado una enmienda a la totalidad en el Congreso en la que pide la devolución al Gobierno del proyecto de ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por hacer obligatori el uso del casco de la bicicleta en las ciudades y por elevar los límites de velocidad en algunos tramos hasta los 130 km/h.