Todo comenzó en marzo de 2013 cuando el ayuntamiento de Manzanares decidió adherirse a una campaña de la DGT de especial vigilancia y control de cinturones de seguridad y de sillitas de bebé. Tras el revuelo formado ante el elevado número de sanciones, el alcalde dictó un decreto por el que perdonaba todas las multas a sus vecinos.

El decreto que aprobó la Alcaldía no solo anulaba las sanciones sino que también dictaminaba la devolución de los importes ya pagados y correspondientes a aquellos titulares que las hubieran satisfecho con la reducción del 50 por ciento, basando dicho 'perdón' "en que la participación municipal en la campaña tenía como fin que la misma fuese de carácter informativo".

Según consta en el escrito de la Administración de Justicia, el pago voluntario realizado por varios de los denunciados dio lugar al ingreso de 2.400 euros, que fueron devueltos mediante la correspondiente orden de pago. Muchas de las multas conllevaban 200 euros de sanción y la pérdida de hasta tres puntos del carné de conducir.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Fiscal argumenta en su escrito que el hecho de que el alcalde haya perdonado las multas de tráfico a sus vecinos "es presuntamente constitutivo de un delito de prevaricación", según recoge el Código Penal y la propia Ley de Tráfico. "No tiene, ni está contemplada legalmente al alcalde la potestad de condonación", sostiene el Fiscal.

Al mismo tiempo, apunta que "no sólo es ilegal" esta actitud del alcalde de Manzanares al condonar las multas sin tener la potestad legal, sino que, además, es "injusta y arbitraria" la actitud con el decreto de condonación de multas porque supone un trato "desigual" frente a otros ciudadanos que fueran sancionados antes o después de los citados días por infracción de normas de tráfico".

"La acción consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Ello implica, sin duda, su contradicción con el derecho, que puede manifestarse, según reiterada jurisprudencia, bien porque se haya dictado sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque no se hayan respetado las normas esenciales de procedimiento, bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación del poder", dice el Fiscal.

 En este contexto, se apoya igualmente en que "era plenamente conocido el carácter sancionable de la conducta, anteponiendo mediante la condonación la propia voluntad, frente a la voluntad del legislador, dejando de facto sin efecto la persecución de la infracción o su sanción".

En el ámbito de la autoría, de las declaraciones prestadas por ambos denunciados, se desprende una "clara participación" del secretario del ayuntamiento, según apunta el Fiscal, en tanto que el mismo reconoce no sólo haber asesorado en contra del dictado de la resolución al alcalde, sino el haber participado activamente en la redacción de la misma. Es por ello que la Fiscalía también ha presentado denuncia contra su actuación.

El pasado mes de junio, tras conocer el suceso, el portavoz de Seguridad del PSOE en el Congreso, Carlos Corcuera, pidió la comparecencia de la directora general de Tráfico, María Seguí, para que explicara cuál es la colaboración de la DGT con los municipios en general cuando ponen en marcha campañas de control.

 "Si todos los alcaldes decidieran actuar de esta forma la seguridad vial no se aplicaría, pero la ley es la ley. Nada tiene que ver adherido a que se esté adherido o no a una campaña de la DGT porque son fracciones contempladas en la ley. Jurídicamente además no tienen ningún sentido el escrito de la alcaldía porque no se puede condonar ninguna multa pagada. Es una irregularidad que por la Seguridad vial la fiscalía debe investigar y conocer", denunció en aquel momento el parlamentario socialista.