“Un objetivo factible, como demuestra el hecho de que en nuestro país hayamos reducido el número de fallecidos un 50% en sólo seis años, pero que necesita de un trabajo en conjunto a diferentes niveles”, aseguró.

La diputada del Grupo instó hoy al Gobierno a “promover en las instituciones europeas la creación de una línea europea específica de financiación para seguridad vial y mejora de carreteras”.

Así, Carreño explicó que “los organismos públicos, regionales y locales, cuentan con muchas oportunidades de financiación de la Unión Europea, que van desde inversiones para desarrollar la capacidad institucional y eficiencia de los servicios públicos hasta proyectos de infraestructuras locales”.

“La Estrategia de seguridad vial española se está desarrollando en el marco de las políticas europeas de seguridad vial, tendentes a reducir el coste humano y socioeconómico de los accidentes de tráfico”, señaló la dirigente del PP, quien remarcó que, sobre todo, “están siendo dirigidas a la mejora de la seguridad desde una perspectiva multidisciplinar”.

OBJETIVOS MARCADOS

La diputada popular destacó que “sabemos que las actuaciones que se están desarrollando van a seguir impulsando y mejorando la política de seguridad vial para lograr que el número de víctimas de tráfico, tanto de fallecidos como de heridos graves, siga disminuyendo, de acuerdo con el criterio de la Comisión Europea”.

“Queremos reducir a cero el número de niños fallecidos sin sistema de retención infantil; reducir en un 30 por ciento los fallecidos por atropello por salida vía en carretera; reducir en un 25 por ciento los conductores de dieciocho a veinticuatro años fallecidos; en un 20 por ciento los fallecidos y heridos graves usuarios de motocicletas y en un 10 por ciento los fallecidos mayores de 64 años; bajar de 1 por ciento los positivos en alcoholemia en los controles preventivos aleatorios; reducir un 50 por ciento el porcentaje de vehículos ligeros que superan el límite de velocidad en más de 20 kilómetros/hora, y lograr un millón de ciclistas más en desplazamientos habituales sin que se incremente su tasa de mortalidad”, subrayó Carreño.

En su opinión, “el significado aumento del parque automovilístico, y el especial riesgo al que se ven expuestos sus usuarios, hace necesaria que se continúe con la puesta en marcha de medidas específicas que proporcionen una movilidad segura y sostenible a este colectivo y mejoren la convivencia con otros medios de desplazamiento”.

A su juicio, “la creciente convivencia de los colectivos más vulnerables, peatones y ciclistas, con vehículos de motor requiere que las ciudades y municipios adapten el diseño de su red viaria y su normativa para mejorar la seguridad”.

En este sentido, Carreño consideró que “el estado y diseño de las carreteras, tanto en la fase de planificación como en la puesta en servicio o en su explotación constituye un factor clave para la seguridad en los desplazamientos”.

Por ello, advirtió, “es muy necesaria la implicación de todas las administraciones en la conservación y mantenimiento de la red de carreteras”.

En su opinión, “sería positivo que la Unión Europea recogiera, en el marco del desarrollo de la seguridad vial sostenible, una línea de financiación específica que permita a las Comunidades Autónomas llevar a cabo actuaciones de conservación, mantenimiento y explotación de carreteras, con especial atención a las secundarias”.

Esta línea sería, explicó, “una financiación que se destinaría a las administraciones nacionales, autonómicas y locales, de manera que pudieran consolidar las actividades que hoy desarrollan y que tienen un impacto directo en la seguridad de las carreteras”.

“Creo que hay que hacer un esfuerzo inversor para que las ciudades dispongan de infraestructuras bien diseñadas y conservadas, y se realicen los desplazamientos en las mejores condiciones de seguridad”, afirmó Carreño, quien añadió que “hay que continuar trabajando en educación, formación y comunicación para formar una sociedad concienciada”.

Finalmente, la diputada del PP consideró que “hay que consolidar los mecanismos de coordinación y participación de todas las administraciones con competencia y el compromiso de los agentes implicados”.