El grupo popular en el Senado ha introducido en el último momento una serie de enmiendas con las que buscan "abrir la impartición de los cursos de reeducación vial a otros colectivos", lo que supondrá cambiar el régimen actual de concesión por uno de autorización.

Las enmiendas, que se van a debatir esta semana en la Cámara Alta, imponen la realización de un examen oficial en la Jefatura Provincial de Tráfico, que debe acreditar "el aprovechamiento del curso". En la actualidad, sólo se someten a un control los conductores que han perdido el carné de conducir y la prueba se realiza en la misma autoescuela en la que se realiza el curso.

El PP defiende que el sistema actual de concesión administrativa impide que otros centros puedan impartir las clases, "constituyendo una restricción injustificada a la libre competencia", por la cual solo pueden impartir los cursos 246 autoescuelas, algo más del 4% del total de las 5.883 que operan en España.

Las autoescuelas alertan sobre el riesgo de que el nuevo modelo permita que otros colectivos impartan una labor de reeducación vial para la que no están capacitados. Según declara el presidente de CNAE, José Miguel Báez, en un comunicado “no entendemos en qué tipo de colectivos se está pensando.

Parece de sentido común que deben ser las autoescuelas las que ejerzan esta valiosa labor y de estas solo aquellas que estén autorizadas u homologadas a partir de todos los requisitos que sean necesarios y estime conveniente la Administración, con el objetivo de desarrollar esta función docente de forma seria, disciplinada y eficaz”.

En relación al posible examen que contempla el nuevo borrador del proyecto de ley, CNAE está a favor de cualquier medida que se implante para que los cursos y centros sean rigurosamente controlados y vigilados por la DGT para que siempre impere la calidad y buen fin social para el que fueron creados.

En ese sentido, la principal inquietud se centra en si la DGT va a tener los medios suficientes para garantizar ese control y que el examen no entrañe un sobrecoste para el ciudadano, que no tenga que esperar indefinidamente el aviso de las autoridades y que no tenga que desplazarse más de 20 km desde el lugar de residencia hasta el centro más cercano, tanto para hacer el curso como para examinarse.

El PP en el Senado y la DGT reconocen que abrir el mercado de los cursos puede afectar a la calidad de los mismos, por lo que además del examen,  proponen que se realicen una serie de pruebas que acrediten la aptitud, titulación y experiencia de los profesores y directores de los cursos.