Entre las novedades, se encuentran el uso obligatorio del casco de bici en la ciudad hasta los 16 años y la subida a 1.000 euros de la multa por conducción bajo los efectos de las drogas o duplicando la tasa de alcoholemia o a los que se nieguen a realizar las pruebas sean reincidentes. Además, el texto abre la puerta a elevar en algunos tramos de autovías y autopistas el límite de velocidad hasta 130 kilómetros hora.

Otros cambios de los que ya hemos ido informando se refieren a la ampliación  de 15 a 20 días del período voluntario para pagar multas o para formular alegaciones, o la no inmovilización de las bicicletas de aquellos ciclistas que no lleven casco cuando no sea obligatorio.

Con la futura Ley de Tráfico, el casco para ciclistas seguirá siendo obligatorio en las carreteras pero en ciudad sólo tendrán que llevarlo los menores de 16 años, frente a la pretesión inicial de que fuera obligatorio en cualquier caso, o al menos para los menores de 18 años.

En la nueva normativa se prevé un cambio en las velocidades máximas y mínimas autorizadas para la circulación de vehículos, alcanzando los 130 kilómetros por hora en algunos tramos de carreteras, así como las nuevas sanciones económicas ante una previsible infracción.

Aunque una de las cuestiones más polémicas estriba en que en el texto que se está tramitando no se especifica cómo se fijarán dichos límites y se remite al Reglamento General de Circulación posterior que derive de esta ley. Los lugares con prohibiciones u obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con carácter permanente, o temporal en su caso, según el proyecto de ley del Gobierno.

Entre los cambios a la Ley de Tráfico que finalmente fueros retirados por la cámara alta, constan el de la obligación de que los conductores tuvieran que realizar un test específico, además de los cursos de sensibilización, para recuperar puntos del carné de conducir, o  la liberalización del actual modelo de concesión para impartir cursos de recuperación de puntos.

El nuevo texto también incluye una serie de sanciones que pueden llegar hasta los 6.000 euros, para el caso de los prohibidos detectores de radar, o los 1.000 euros por conducir bajo los efectos de las drogas (que se detectará mediante análisis de saliva).

Finalmente, se establece que los vehículos prioritarios deberán usar una señal luminosa azul, que los vehículos con matrícula extranjera que sean utilizados en España por residentes en el país deberán obtener una matrícula definitiva española. Además, se incorpora una nueva disposición para incorporar una directiva europea por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.