Juan Gerardo arreglaba la documentación y daba de alta motocicletas para dos conocidos por importes de 100 a 350 euros por operación. En al menos una de las transacciones la motocicleta era robada. Los conocidos del funcionario de la DGT, Manuel F.G. y David C.T. también han sido condenados a un año de prisión y 600 euros de multa por sobornar a un funcionario público.

Según los hechos que los tres aceptaron como probados en un juicio celebrado por conformidad de los acusados; el funcionario, que trabajaba como operador de información en el negociado de vehículos de la DGT, se encargaba de realizar las transmisiones de automóviles y motos y de expedir permisos de circulación.

Dado el interés mutuo por las motocicletas antiguas conoció a Manuel F. G., quien le persuadió  para que facilitase gestiones a la hora de transferir motos. Manuel a su vez conocía a otro coleccionista de motos antiguas, David C. T., y ambos contactaron con el funcionario para ofrecerle el pago por tramitar las transferencias.

El funcionario les ayudó a regularizar seis motocicletas, para lo cual borraba las incidencias de la base de datos que impidiera expedir el permiso. Una de las motos había sido robada en Cataluña, y su dueño, al ir intentar tramitar la baja, descubrió que estaba inscrita a nombre de otra persona destapando la trama de corrupción.