La asociación de los operadores (Aeca-ITV) se ha mostrado contraria al proceso liberalizador, argumentando que según la última directriz establecida por Bruselas los “centros e inspectores deben ser objetivos, imparciales e independientes”, además ha avisado que su trabajo tiene una vertiente esencial para la seguridad vial y que esa iniciativa “haría imposible garantizar el rigor de las inspecciones y su imparcialidad” al permitir, por ejemplo, que un concesionario (con su correspondiente taller) fuera titular de una ITV. O que una empresa con una gran flota de autocares certificase la idoneidad de éstos. 

Solo en 2013, 18 millones de vehículos acudieron a uno de los 400 centros autorizados. Teniendo en cuenta el alto coste de las inspecciones, la cifra de negocio supera los 700 millones de euros y hecha la ley… hecha la trampa:  los amaños en la adjudicación de nuevos centros surgen en Cataluña y Galicia con los monopolios de Applus, o de Supervisión y Control (respectivamente).

En 2004, el extinto Tribunal de Competencia cuestionaba los fallos del modelo, que ha venido a refrendar la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). “Es un mercado que presenta considerables restricciones”, asegura. Pero son las Comunidades las que deciden la regulación a aplicar, por ejemplo en Castilla-La Mancha y Madrid han abierto el sector pasando del régimen de concesión al de autorización. Es decir, que cualquiera que cumpla con los requisitos técnicos exigidos, puede solicitar y abrir una ITV, incluso cuando esté relativamente cercana a otra.

En este sentido Aeca-ITV teme que la excesiva proximidad entre estaciones de ITV lleve a una guerra de precios que socaven la calidad del servicio.