Hasta el 30% de los vehículos importados y el 12% de los vehículos de ocasión nacionales podrían padecer el fraude de la manipulación del cuentakilómetros. Un fraude cuyas cifras económicas podrían ascender a los 343 millones de euros solo en España y a los 10.000 millones anuales en el conjunto de Europa.

El valor de un vehículo de ocasión es proporcional a su antigüedad y kilometraje. Una manipulación del cuentakilómetros reporta una inmediata revalorización del vehículo, pero con este simple acto se está falseando el nivel de utilización real, lo que tiene una implicación directa en la seguridad vial.

De hecho la estafa tiene tres consecuencias para el consumidor, una económica al adquirir un vehículo por más dinero del necesario, sobrecostes económicos derivados de las reparaciones y el riesgo personal de sufrir un siniestro. Adicionalmente, y desde un punto de vista medioambiental, los vehículos con mayor kilometraje también son más contaminantes.

Desde el punto de vista de los vendedores, la presencia de este tipo de vehículos en el mercado supone una competencia desleal, que incluso afecta a la venta de vehículos nuevos y provoca daños en la imagen del fabricante.

Finalmente, las compañías aseguradoras también sufren un perjuicio económico al recibir más partes de los previstos.

"Estamos ante una actividad fraudulenta en términos económicos, de seguridad vial y medioambiental. Los vehículos de ocasión se venden entre estados miembros de la UE y esto dificulta su seguimiento, lo que favorece este tipo de fraude", indica CiU.

Sin embargo, a pesar del considerable daño que se produce en múltiples frentes, desde un punto de vista legislativo en España, la manipulación del cuentakilómetros no es delito. Solo se considera delito en el supuesto de que dicha manipulación sea aprovechada para cometer una estafa. Lo cual está penado con penas de prisión de seis meses a tres años, si la cantidad estafada supera los 400 euros.

En este sentido, CiU recuerda que desde el 1 de enero del 2014 es obligatorio que las ITV registren los kilómetros del vehículo y lo comuniquen a la DGT. Pero CiU quiere extender esta obligatoriedad de reportar el kilometraje de los vehículos a todas las entidades que tengan contacto con los mismos: ITV, concesionarios, talleres y controles policiales. Además de introducir un sistema de intercambio de datos entre todos los países de Europa.

Finalmente se solicitará una nueva normativa en la UE para que la homologación de los vehículos implique la inclusión de medios especiales que impidan la manipulación del cuentakilómetros.