El negocio de las ITV genera un pastel de 500 millones de euros al año, por lo que las presiones por liberalizar el sector son muy intensas. Luis Rivas, secretario general de Aceca-ITV achaca los últimos intentos en este sentido (la batalla comenzó en el año 2.000), a la estrategia de las marcas de automóviles.

Aunque lo cierto es que la propuesta parte de la CNMC que pide cambiar el régimen de concesión al de autorización, lo que permitiría elevar la competencia y reducir los altos precios. Ahora solo 7 grandes empresas (públicas, mixtas o privadas) controlan el 60% de las 415 ITV nacionales.

Sin embargo, Rivas comenta que la Comisión de la Competencia también propone que no haya mínimos en las dimensiones o número de líneas de los establecimientos. Esto podría llevar a que se abandonen segmentos más complejos y poco rentables como los vehículos pesados o los taxis.

Según Rivas, todas las grandes asociaciones -Conepa, Cetraa y Ancera- rechazan la entrada de los concesionarios porque consideran que las labores de pre y post ITV bascularían hacia los propios servicios oficiales de las marcas. En la actualidad, esas operaciones representan entre el 20% y el 25% de la facturación de los talleres.

Rivas estima que de ser implementado el régimen de autorización, se viviría una explosión del número de establecimientos hasta los 4.000 o 4.500. Solo en Madrid, dónde ya se aplica este régimen, se ha pasado de 17 a 56 estaciones en tres años.  Esto crearía empleo, asegura Rivas, pero precarizando los nuevos puestos de trabajo y los antiguos. Además no habría suficientes inspectores que garantizaran la correcta prestación de un servicio tan íntimamente ligado con la seguridad vial.