Tras inspección de los técnicos del Instituto de Seguridad Vial del Motociclista (ISVM) en la provincia de Pontevedra, la Asociación Mutua Motera (AMM), interpone 10 denuncias, la mayoría de ellas, por instalación de obstáculos en la zona de circulación de la carretera, incluso con elementos anclados al pavimento.

Muchos de los elementos en cuestión son contenedores de basura que, en la mayoría de las ocasiones, están “protegidos” con barras de acero ancladas al pavimento en la zona del arcén. También hay señales de tráfico que pueden ocasionar grave riesgo de amputaciones a ciclistas y usuarios de ciclomotor.

Las Administraciones que realizan o permiten este tipo de instalaciones, están invadiendo una zona de circulación como es el arcén, que viene regulada en el artículo 36 del Reglamento de Circulación, y por la que multitud de vehículos tienen la obligación de circular, especialmente algunos de los más vulnerables como son los ciclomotores y las bicicletas.

Carreteras Afectadas

Algunas de las carreteras afectadas son: PO.303 (Meaño), PO-406, PO-542 (Km 2), PO-551 y N-550 (Km 150,100 y Km 150,500)

Delito contra la Seguridad Vial

La instalación de estos obstáculos, además del grave riesgo de accidentes que ocasionan, puede constituir un delito de los regulados en el artículo 385.1º del Código Penal, castigados con hasta 2 años de prisión para el autor o responsable.

Práctica habitual

Lo más grave del asunto es que, debido al gran número de casos detectados, se ha constatado que la instalación de contenedores y elementos fijos de sujeción de los mismos, parece práctica habitual en la zona. Lo que supone un grave incumplimiento de la normativa vigente por parte de las Administraciones que lo realizan o permiten.

Fiscalía se niega a recepcionar las denuncias

La Fiscalía de Seguridad Vial de Pontevedra se negó a recepcionar las denuncias alegando un defecto de forma, ya que consideraba que la voluntaria de la AMM delegada en la zona, no podía presentar dichas denuncias al no ser la representante de la AMM que firmaba el escrito de denuncia.

Sorprende que un órgano como la Fiscalía, que ante el conocimiento (por el medio que sea) de un delito, tiene la obligación legal de iniciar las actuaciones necesarias para su esclarecimiento y persecución, especialmente en materia de seguridad vial, se niegue a darse por notificada de la existencia de un delito por una cuestión “de forma”.

No olvidemos que estamos tratando de riesgos que pueden generar accidentes mortales en cualquier momento.

¿Realmente es más importante quien presenta físicamente una denuncia que evitar el riesgo y el delito denunciado?

Sorprende especialmente que una de las fiscalías más activas en materia de seguridad vial, como es la de Pontevedra, ponga pegas a tramitar denuncias por presuntos delitos cometidos por la Administración, mientras presume de su eficacia en la persecución de este tipo de delitos cometidos por los ciudadanos.

A la vista de la cantidad de infracciones detectadas por el ISVM y presuntamente cometidas por administraciones públicas de Pontevedra, nuestra pregunta es:

¿Cuántos procedimientos ha iniciado la Fiscalía de Seguridad Vial de Pontevedra por delitos presuntamente cometidos por Administraciones Públicas?

Asociación Mutua Motera